Controversia en Chile

Chile invoca el coronavirus para excarcelar a represores de la dictadura

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Abel Gilbert

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La popularidad del presidente chileno, Sebastián Piñera, era apenas superior al 10% antes de la llegada del coronavirus al país  y la puesta en suspenso del conflicto social que había estallado en octubre. En el marco de las acciones del Gobierno para frenar los efectos de una pandemia que ha provocado 37 muertos y casi 5000 contagios, Piñera ha alcanzado una aprobación del 19%. A partir de ese modesto ascenso, el Gobierno de derechas lanzó la osada iniciativa: incluir a los 115 militares condenados por delitos de lesa humanidad entre los favorecidos por un proyecto de ley que busca beneficiar con el arresto domiciliario a unos 1300 presos comunes para evitar la propagación de las infecciones en las cárceles.

La oposición y los movimientos defensores de los derechos humanos han presentado ya recursos frente al Tribunal Constitucional con el propósito de bloquear ese proyecto que impulsan en el Congreso los legisladores oficialistas.

Los represores se encuentran alojados en Colina I y en Punta Peuco, dos amplias cárceles con acceso a televisión y jardines donde reciben a sus familiares. Los seis casos de covid-19 se registraron hasta el momento en otro penal, Puente Alto, en el sur de Santiago. A su vez se ha confirmado una infección en el Centro Penitenciario Femenino.

Pero Piñera no pensó en esos enfermos a la hora de lanzar su propuesta. "Yo creo que una persona que está condenada por crímenes de derechos humanos o crímenes de cualquier naturaleza, que se está muriendo, que le quedan semanas de vida, yo creo que debiésemos darle el beneficio que se muera en su casa. Tienen derecho a una muerte con dignidad", ha dicho.

Amplio malestar

El senador socialista Jaime Quintana rechazó el intento de incluir a los ex uniformados en la propuesta de arresto domiciliario para mayores de 75 años o enfermos terminales. "En Punta Peuco no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las condiciones son bastante privilegiadas".  Por su parte, el legislador de izquierdas Gabriel Boric dijo que lo de Piñera es "una provocación, una frivolidad de muy mal gusto y demuestra que es una persona que no está a la altura de las circunstancias que nos ha tocado enfrentar como país".

De acuerdo con el portal 'El Desconcierto', el proyecto de ley "humanitaria" reinstala las mismas razones que permitieron liberar a Augusto Pinochet de sus responsabilidades penales. Quince años atrás, el juez Jaime Guzmán ordenó el arresto domiciliario del dictador en el marco de una causa por la que se investigaba el asesinato de 93 personas a cargo de una comitiva militar conocida como 'Caravana de la muerte'. Los abogados de Pinochet aseguraron ante los tribunales que su defendido estaba demente y consiguieron desligarlo del proceso judicial.

En este contexto se conoció una encuesta de la consultora Cadem que no le ofrece mucho margen de acción al Gobierno: un 63% de los chilenos no quieren una ley que facilite la salida de las prisiones de los represores.

Indulto

Pero Piñera no parece dispuesto a renunciar a su objetivo aunque no salga la ley por el Congreso. Ya tiene su Plan B. "El Presidente ha solicitado al Ministerio de Justicia y DD.HH. revisar las solicitudes de indulto particular que cualquier interno haya presentado y esté en espera de una decisión presidencial", anunció el ministro Hernán Larraín a parlamentarios de Chile Vamos.

En la orden que ha recibido Larraín, y que fue divulgada por el diario 'La Tercera', se señala que "en atención a la pandemia"  resulta "especialmente relevante" estudiar las peticiones "que tengan como fundamento una condición de salud de extrema gravedad, por el impacto que en esa persona puede tener el contagio del Covid-19". Se añade que esa información será entregada al mandatario "a fin de que resuelva haciendo uso de sus facultades".