El primer ministro húngaro utiliza el coronavirus para obtener poder ilimitado

El Parlamento húngaro ha aprobado este lunes, con prácticamente toda la oposición en contra, una enmienda legal que autoriza al Ejecutivo del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus.

El Ejecutivo de Orbán podrá emitir decretos y decidir cuándo ha pasado la situación de emergencia bajo la que se ha justificado el cambio legal. El Gobierno podrá, por ejemplo, suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones "que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa" frente a la epidemia y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

La propuesta ha sido apoyada por 137 diputados del partido gobernante, el Fidesz, y de la formación de extrema derecha Nuestra Patria, mientras que otros 53 opositores han votado en contra.

Instrumento de censura

La reforma se basa en el artículo de la Constitución que permite dar al Gobierno poderes extraordinarios en caso de "situación de peligro". Esta medida ha sido especialmente criticada por la oposición, ya que consideran que podría servir como un instrumento de censura y para silenciar las críticas.

La oposición, desde la extrema derecha hasta la izquierda, ha criticado que no haya limitación al tiempo que el Gobierno puede dirigir el país sin control parlamentario y había pedido que ese periodo sea de 90 días. El Gobierno ha rechazado esa propuesta conjunta de la oposición, argumentando que no se sabe hasta cuándo durará la pandemia.

Algunos parlamentarios opuestos al texto no han dudado en calificar la iniciativa de un "golpe de Estado" y han alertado de que el paíse se dirige "hacia una dictadura". Para el diputado independiente Akos Hadhazy esta ley también es "una trampa para la oposición", a la que el Gobierno acusa de estar "del lado del virus".

Denuncias y temores

Varias oenegés como Amnistía Internacional o el Comité Helsinki han denunciado que "el poder ilimitado no es un remedio" para el coronavirus y han pedido que se modifique el proyecto de ley y que el estado de emergencia solo pueda ser declarado por el Parlamento y "por periodos determinados".

"Según el derecho internacional, las leyes y medidas de emergencia deberían ser temporales y limitadas", ha advertido el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville,  en un comunicado en el que ha expresado su temor por las posibles restricciones en derechos y libertades fundamentales.

Pero la ministra de Justicia, Judit Varga, ha salido al paso al defender la constitucionalidad de la medida: "Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener la propagación del virus. El proyecto de ley encaja perfectamente en el marco constitucional húngaro".

La política implementada por Orban en una década de poder hace temer a la oposición que el líder de 56 años abuse de estos medios excepcionales: desde el 2010, según muchas organizaciones independientes, ya ha multiplicado los ataques contra el Estado de derecho en el ámbito de la justicia, sociedad civil y la libertad de prensa.

Dos semanas de confinamiento

Orbán impuso el sábado 28 de marzo dos semanas de confinamiento para contener la expansión de la pandemia, que suma unos 300 casos y diez muertos, aunque el propio mandatario ha reconocido que el número real de contagios podría ser mayor al balance oficial.

El dirigente dictaminó nuevas medidas, que permitirán como excepciones los desplazamientos considerados imprescindibles o las actividades físicas al aire libre, siempre y cuando se guarde una mínima distancia con otros personas. El primer ministro advirtió de que las fuerzas de seguridad vigilarán el cumplimiento de las normas.

El Gobierno húngaro estableció también horarios especiales para farmacias y tiendas de alimentación, de tal forma que las personas mayores de 65 años solo puedan acudir entre las 9.00 y las 12.00 horas.

Por otra parte, el Ejecutivo ha asumido el control indirecto de todos los hospitales, que pasarán a tener al frente a un comandante designado por las autoridades políticas. El primer ministro ha explicado que los médicos seguirán decidiendo sobre cuestiones sanitarias, mientras que los comandantes se encargarán de vigilar el cumplimiento de la regulación.