CONFLICTO SOCIAL EN FRANCIA

El Gobierno francés se somete sin peligro a dos mociones de censura al aprobar la reforma de las pensiones por decreto

La oposición denuncia un "fiasco sin precedentes" y una "deriva autoritaria" mientras siguen las protestas en las calles

El primer ministro, Edouard Philippe, durante una de sus intervenciones en la Asamblea Nacional, este martes.

El primer ministro, Edouard Philippe, durante una de sus intervenciones en la Asamblea Nacional, este martes. / LUDOVIC MARIN (AFP)

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Eva Cantón

Trece días es lo que ha durado el debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de reforma de las pensiones que ha provocado en Francia el conflicto social más largo desde mayo del 68. El primer ministro, Edouard Philippe, anunció el pasado sábado por sorpresa que usaría el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el texto sin someterlo al voto de la Cámara, argumentando la imposibilidad de avanzar en el examen del texto por la "obstrucción parlamentaria" de los grupos de oposición, que han presentado más de 40.000 enmiendas.

Al recurrir al decreto, el Gobierno y el propio presidente, Emmanuel Macron, se han echado encima a la opinión pública y a la oposición, que ha logrado en las 24 horas que el reglamento le daba para ello presentar dos mociones de censura. Una de la derecha firmada por Los Republicanos y otra de la izquierda integrada por socialistas, comunistas y la Francia Insumisa.

Las dos se han debatido este martes en la Asamblea sin peligro alguno para el Ejecutivo, dado que La Republique en Marche (LREM) tiene 298 diputados a los que se suman los 46 de sus socios centristas del MoDem, es decir, dispone de una cómoda mayoría en un hemiciclo de 577 escaños. Si como es probable las mociones salen derrotadas, el texto se aprobará en primera lectura en la Asamblea y seguirá luego su curso en el Senado.

El Ejecutivo acelera el calendario con la intención de tener aprobada antes del verano una reforma que prevé, como prometió Macron, sustituir los 42 sistemas actuales de jubilación por un sistema universal por puntos. Sin embargo, al sacar esta especie de bomba nuclear parlamentaria en plena crisis sanitaria por el coronavirus, ha añadido más leña al fuego de un conflicto que no termina de apagarse. 

Las centrales sindicales convocaron a toda prisa una nueva jornada de protestas coincidiendo con el debate de las mociones en la Asamblea Nacional y aunque las manifestaciones no fueron masivas quienes salieron a las calles no parecían dispuestos a ceder fácilmente.

No vamos a rendirnos

"Moriremos en la calle si hace falta, pero no vamos a rendirnos", aseguraba Laurent, un tramoyista de 49 años de la Comedia francesa, en la manifestación parisina. "¿El Gobierno oculta el debate democrático y piensa que nadie va a decir nada?", añadía.  "Decir que la oposición impide el debate es reírse del sistema representativo. Es escandaloso", denunciaba Pascale, secretaria de 59 años y militante del sindicato CGT.

Dentro de la Cámara baja, las críticas no eran más suaves. Damien Abad, presidente del grupo de Los Republicanos, afeó al Gobierno que en plena crisis sanitaria por el coronavirus abriera un frente político, denunció un "fiasco parlamentario" sin precedentes y le acusó de haber roto la concertación social impidiendo cualquier tipo de acuerdo.

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"Es un mal texto que ha sacado a todas las profesiones a la calle", ha dicho. Aunque discrepan sobre el fondo -la derecha apoya un sistema universal por puntos-, la izquierda ha coincidido en denunciar el método expeditivo de Philippe. "Es un desastre democrático, un desprecio al Parlamento, una deriva autoritaria", proclamó el presidente del grupo de Izquierda Democrática y Republicana, André Chassaigne.

El recurso al artículo 49.3 ha provocado malestar incluso en las filas del macronismo. Dos diputados de LREM, Hubert Julien-Laferrière y Delphine Bagarry, han anunciado que dejaban el grupo parlamentario.

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