Trump endurece la política inmigratoria con una prueba de riqueza y más vetos a países

Las restrictivas políticas inmigratorias de la Casa Blanca servirán a Donald Trump para demostrar durante su campaña de reelección que ha cumplido con sus promesas. Tanto la llegada de refugiados, como de inmigrantes legales e ilegales, se ha desplomado. Pero esas mismas políticas están teniendo también los efectos adversos que muchos temían y nadie en la Administración se ha atrevido a abordar públicamente. “Estamos desesperados”, dijo la semana pasada Mick Mulvaney, el jefe de gabinete del presidente durante una reunión privada en Inglaterra, desvelada por la prensa. “Nos estamos quedando sin gente para alimentar el crecimiento económico de los últimos cuatro años. Necesitamos más inmigrantes”. No parece que sus deseos se vayan a cumplir porque este lunes entran en vigor nuevas restricciones. 

La primera es algo parecido a una prueba de riqueza para poder denegar visados y la residencia legal a los inmigrantes que representan una “carga pública” para el Estado. La Administración ha defendido los cambios como una forma de hacer el sistema más meritocrático y priorizar la captación de trabajadores cualificados, pero sus críticos consideran que no es más que una estratagema para vetar la entrada a los pobres. La nueva norma establece que se podrá negar la carta verde que regula la residencia legal en el país a los inmigrantes que reciban subvenciones públicas para ayudarles a pagar la cobertura sanitaria, la vivienda o la alimentación. Basta que se beneficien de un solo programa social durante más de 12 meses en un período de tres años para quedar excluidos.  

Renunciar a las ayudas sociales

Los estudios sugieren que el impacto podría ser muy considerable. Dos tercios de los inmigrantes que recibieron la residencia entre el 2012 y el 2016 no hubieran pasado el corte con las nuevas reglas, según el Migration Policy Institute. Y el miedo ahora de las organizaciones que defienden sus derechos es que muchos de ellos renuncien a las ayudas sociales que reciben para no poner en peligro su estatus inmigratorio. Una situación que podría afectar a 10 millones de personas, todas ellas trabajadoras, la condición indispensable para recibir las ayudas. “Todo el mundo se beneficia cuando la gente tiene cubierta sus necesidades básicas y puede acceder a los servicios públicos, desde ir al médico a denunciar un crimen”, ha dicho el Urban Institute. 

Aunque el concepto de “carga pública” llevaba años presente en la legislación, se han ampliado los criterios para que el funcionario de turno determine si el inmigrante le costará dinero al Estado. Incluyen factores como la edad, el estado de salud, el patrimonio, la formación académica y las cualificaciones del trabajador. Esta medida, avalada por el Tribunal Supremo después de que fuera impugnada en los tribunales inferiores, está llamada a deprimir todavía más la llegada de nuevos inmigrantes. La concesión de residencias legales cayó un 11% entre el 2016 y el 2018, al tiempo que se desplomaba un 25% la aprobación de visados de inmigrante. 

Pero no es la única medida restrictiva que entra este lunes en vigor. Los ciudadanos de seis países han sido añadidos a la lista negra para vetar las entradas desde ciertas naciones, casi todas musulmanas. La nueva lista incluye a Nigeria, el país más poblado de África; Myanmar, inmerso en un genocidio contra los musulmanes rohinyas; Sudán, Eritrea, Tanzania y Kirguizistán. La lista anterior incluía a Siria, Yemen, Irán, Somalia, Chad, Venezuela y Corea del Norte.