TRES INVESTIGACIONES EN MARCHA

Epstein creó una red de tráfico y abuso de menores en las Islas Vírgenes

Una demanda de la fiscalía del territorio estadounidense arroja nueva luz sobre las atrocidades del financiero

El financiero, que explotó hasta a niñas de 11 años, tenía incluso una base de datos de sus víctimas

Epstein estaba acusado de crear una red de tráfico sexual de menores hace una década en sus mansiones de Nueva York y Florida.

Epstein estaba acusado de crear una red de tráfico sexual de menores hace una década en sus mansiones de Nueva York y Florida. / EFE

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Idoya Noain
Idoya Noain

Periodista

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La muerte el pasado agosto de Jeffrey Epstein en una celda de Nueva York puede estar aún rodeada de tantas turbias sombras como para que haya tres investigaciones federales tratando de determinar cómo ocurrió lo que oficialmente fue un suicidio pero cada vez se arroja más luz sobre las atrocidades que cometió el millonario financiero estadounidense para acabar en esa cárcel esperando un juicio por tráfico sexual. Las últimas revelaciones han llegado gracias a una demanda presentada este miércoles por las Islas Vírgenes contra el patrimonio de Epstein, un caso que dibuja el monstruoso retrato de cómo operó en ese territorio una red de trata y explotación de cientos de jóvenes y menores de edad, algunas aparentemente niñas de 11 o 12 años.

Mientras las acusaciones en Nueva York databan solo hasta el 2005, el caso de las Islas Vírgenes apunta a que en una fecha tan reciente como el 2018 seguía cometiendo sus crímenes. Y la demanda planteada por la fiscala general, Denise George, describe en 49 páginas una “conducta intencionada tan atroz, persistente y perniciosa que sacude la conciencia y ofende a una sociedad civilizada”.

Empresa criminal

Lo que Epstein tenía montado en la isla de Little Saint James, que compró en 1998, era una verdadera empresa criminal. Llevaba a las chicas allí desde distintos lugares y países en aviones, helicópteros y yates con promesas falsas de darles oportunidades laborales o de educación o carreras como modelos o dinero a cambio de masajes. En algunos casos usaba visas de modelos para que pudieran cruzar fronteras.

Una vez allí las niñas y jóvenes eran sometidas por Epstein y “sus asociados”, no identificados, a explotación sexual y agresiones y trabajos forzados, obligadas a mantener tres encuentros al día con otras chicas o mujeres. Funcionando con un esquema piramidal, se premiaba a las víctimas que le llevaban a otras chicas.

Base de datos

Todo estaba tan sistematizado y organizado que el financiero incluso había digitalizado en una base de datos la información de contacto de menores que estaban en las Islas Vírgenes o cerca y podían ser transportadas a la residencia en Little Saint James, usando “una red de asociados” para hacer rotaciones entre sus víctimas.

Muchas chicas quedaron incomunicadas del exterior y retenidas contra su voluntad y bajo amenazas de violencia. La demanda, por ejemplo, relata el caso de una menor de 15 años que intentó huir a nado de la isla tras ser sexualmente agredida. Entonces “Epstein y otros organizaron una fiesta de búsqueda que la localizó y la mantuvo cautiva, entre otras cosas, confiscando su pasaporte”.

La demanda explica también que en el 2016 Epstein a través de alguien y por unos 20 millones de dólares compró Great Saint James, la isla más cercana, para acrecentar el aislamiento de la otra. Y denuncia que solo dos días antes de su muerte el financiero hizo un traspaso de “activos significativos” a un fondo, supuestamente para proteger sus bienes de potenciales sanciones en los tribunales.

577 millones de dólares

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Ahora la fiscalía de las Islas Vírgenes busca la venta de las dos islas, valoradas en unos 86 millones de dólares, así como la disolución de compañías que Epstein creó allí en el 2011 y el 2012 y la incautación y distribución entre sus decenas víctimas del patrimonio de 577 millones de dólares que se estima que Esptein tenía al morir.

Los ejecutores de ese patrimonio han intentado, por ahora sin éxito, poner los activos de Epstein en un fondo para compensar a sus víctimas, que hasta ahora eran las que habían presentado demandas por lo civil contra el patrimonio a las que ahora con la de las Islas Vírgenes se suma la primera gubernamental. Esos ejecutores, no obstante, han tratado de obligar a cualquier beneficiaria a firmar acuerdos de confidencialidad, un requerimiento que la fiscal George rechaza frontalmente.