China, "la gran amenaza" contra los derechos humanos

China es la mayor amenaza contra el <strong>sistema global de derechos humanos</strong> desde mediados del siglo pasado y los gobiernos de todo el mundo deberían unirse para evitar que la ofensiva de Xi Jinping llegue a buen puerto. Esa es la contundente conclusión que se extrae del informe que Human Rights Watch (HRW) elabora anualmente sobre la materia y en la que la oenegé señala que el Ejecutivo de Pekín está externalizando las prácticas de dominio y vigilancia que ha venido consolidando en su propio territorio en aras de proteger sus variopintos intereses en el ámbito internacional. En juego está la evolución que han experimentado las libertades civiles en buena parte del planeta en las últimas décadas, con millones de personas "viviendo sin temor a encarcelamientos arbitrarios y torturas", entre otras lacras, según la organización.

Pese a la dificultad de la tarea, China se sirve "cada vez más" de su gran poderío económico y de su innegable influencia diplomática para "evitar tener que rendir cuentas por su actuación represiva", según declara Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW. Una denuncia que Roth emite con plena conciencia después de que el Ejecutivo chino le haya denegado el acceso a Hong Kong para la presentación de dicho informe, acusando a la oenegé de interferir y fomentar las protestas en la antigua colonia británica.

"El Gobierno de China ve los derechos humanos como una amenaza existencial. Lo hace en casa y en el extranjero, donde utiliza su creciente capacidad económica para silenciar a los críticos y llevar a cabo el ataque más intenso contra el sistema global de derechos humanos desde que ese sistema comenzara a surgir a mediados del siglo XX", subraya Roth.  

El informe analiza la amenaza contra los derechos humanos en un centenar de países, de entre los que destaca el sombrío escenario en Siria y Yemen, donde las fuerzas gubernamentales de Damasco, el Ejército ruso y la coalición liderada por Arabia Saudí "ignoran descaradamente las reglas internacionales establecidas para la protección de los ciudadanos, incluidas las prohibiciones de atacar a la población civil y el bombardeo" de entornos protegidos, como hospitales.

"Terreno inhóspito"

HRW alerta de "un terreno inhóspito" para las libertades civiles que facilita los propósitos de Pekín, ante la proliferación de "populismos autocráticos", que se afianzan en el poder "demonizando a minorías" étnicas y religiosas, y "eliminando a periodistas, jueces y activistas independientes, burlándose del corpus de leyes internacionales".  Mención especial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El Gobierno chino está cortejando y es cortejado por gobiernos, empresas e incluso instituciones académicas que aparentamente apoyan los derechos humanos pero en realiad priorizan el acceso a la riqueza de China. Saben que oponerse públicamente a la represión de Pekín pone en peligro una oportunidad en el mercado chino, que supone el 16% de la economía mundial", subraya el análisis.

Y para acabar de asentar su dominio, Pekín recurre a las más poderosas herramientas tecnológicas, "sirviéndose de intrusiones masivas en la privacidad de las personas mediante armas como la recolección de muestras de ADN, y desplegando análisis de 'big data' e inteligencia artificial "para ajustar sus medios de control".

Para todo lo demás, cierre de grupos cívicos, acallar el periodismo independiente y sistemas de vigilancia "de auténtica pesadilla" para controlar a minorías como uigures y musulmanes, cuando no, detenciones arbitarias y forzadas, como las de cerca de un millón de personas acusadas de adoctrinamiento político.  La finalidad es orillar "una sociedad libre de disensiones" por más que venga de la opresión más brutal y generalizada que China ha visto en décadas", según HRW.

Roth lamenta la escasa oposición de la comunidad internacional a esas prácticas abusivas de Pekín. Y apunta especialmente a la Unión Europea, cuya atención está desviada por el caos del 'brexit', la pujanza de los nacionalismos y las discrepancias sobre cómo afrontar el reto migratorio. "Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deberían ofrecer alternativas convicentes y respetuosas a los préstamos sin condiciones y la ayuda al desarrollo que emprende China. Las empresas deberían redactar y promover códigos de conducta para tratar con Pekín. Y los líderes comprometidos con los derechos humanos deberían forzar una discusión sobre Jinping en el Consejo de Seguridad de la ONU", añade. "Están en juego décadas de progreso en materia de derechos humanos", zanja el análisis.