Colombia empieza el año con violencia, asesinatos y conflictos sin tregua

La violencia del conflicto armado no da tregua en Colombia, que comenzó el año con el confinamiento por parte de paramilitares de los habitantes de un caserío de Bojayá, en el oeste del país, y el asesinato de un exguerrillero de las FARC en el departamento suroccidental del Cauca.

El defensor del pueblo del departamento del Chocó, Luis Murillo, confirmó a Efe por teléfono que los moradores del caserío de Pogue que forma parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado, están confinados allí por la presencia de hombres armados de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

"Fuimos informados el 31 de diciembre de la incursión de un grupo armado ilegal en ese corregimiento de Bojayá, que está a tres horas de la cabecera municipal por vía fluvial. El grupo que habría ingresado allí es el de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia", detalló Murillo.

Secuestran a los habitantes

La llegada de los hombres armados impide el libre movimiento de los habitantes de Pogue, situado en uno de los márgenes del río Bojayá, en el selvático departamento occidental del Chocó, fronterizo con Panamá.

Para Murillo, la presencia de los grupos armados aumenta el riesgo para la población, a la que se ha prohibido el uso de teléfonos móviles. A ello se suma la presencia en la zona de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ello hace que la gente "quede todavía más en peligro" porque está en medio de dos grupos rivales.

Además, el temor en Pogue aumenta porque los paramilitares prohibieron la comunicación telefónica y el desplazamiento entre comunidades.

Murillo recordó que ni en las épocas "más violentas del conflicto armado esta población se desplazó" y dijo que "hay una gran zozobra unida al aumento de la instalación de explosivos, y eso hace que la gente no pueda salir a realizar sus actividades de agricultura, de cacería, y va a generar tarde o temprano el desplazamiento".

Amenazas de masacres masivas

José de la Cruz Valencia, que forma parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, explicó a Efe que "el tema sigue siendo bastante complicado porque continúa la materialización de lo que se viene denunciando hace unos meses por parte de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia".

El pasado 17 de noviembre, durante los actos de entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el "inminente riesgo" de que ocurra una nueva masacre en la zona.

"Se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos", alertaron en una carta la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó y otras organizaciones.

Por eso, Valencia indicó que la presencia de paramilitares es "un punto más que se ha dado en la comunidad de Pogue", de donde procedían muchas de las víctimas de la matanza cometida hace diecisiete años en Bojayá.

Esa masacre, una de las peores del conflicto armado colombiano, ocurrió cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares por el control territorial, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató al menos a 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.

Daños en el tejido social

La Misión de Verificación de la ONU presentó en Bogotá un informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el que advierte de que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia, entre ellas el Chocó, "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".

Aseguró que "el deterioro de la situación en el Chocó es motivo de alarma", pues a comienzos de diciembre la Defensoría del Pueblo confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de diecisiete comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas" por enfrentamientos entre grupos armados ilegales".

Ante las denuncias de la comunidad, los comandantes del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, y de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Jiménez, se trasladaron este jueves a Bojayá.  Adicionalmente, el Ejército realiza operaciones militares con un centenar de soldados en la zona y se espera la llegada de cincuenta más para hacer frente a los grupos armados.

Asesinan a un exguerrillero

Mientras tanto en Guapi, en el Cauca, el miembro desmovilizado de las FARC Benjamín Banguera Rosales fue disparado y se convirtió en el primer exguerrillero asesinado en 2020 tras un 2019 que fue "el año más violento" para los antiguos combatientes que se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno.

El senador del partido FARC Pablo Catatumbo Torres, explicó en las redes sociales que el desmovilizado fue asesinado el 1 de enero e hizo un llamamiento para que "se refuercen las medidas de protección hacia los firmantes de la paz". En 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, según el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre.