Entra en vigor la ley de emergencia para rescatar la economía de Argentina

La emergencia económica, tarifaria, energética, social y sanitaria ha entrado en vigor en Argentina durante seis meses. La normativa que faculta al presidente Alberto Fernández a llevar a cabo lo que considera como una nueva reconstrucción del  país -ley de "emergencia" aprobada por el Parlamento -  tiene un título tan rimbombante como extenso: ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

El peronismo considera que se trata de un instrumento vital para enfrentar la herencia del Gobierno de derechas, desde atender a casi el 41% de pobres hasta la necesidad de aliviar temporalmente el peso de la deuda externa, relanzar el consumo y proteger a los sectores más expuestos a la crisis.

La ley suspende por seis meses los aumentos de las pensiones de los sectores medios y altos y busca beneficiar a los que menos ganan, reasigna partidas presupuestarias para promover el gasto social y grava la compra de dólares de los que ahorran y turistas al extranjero un 30%. "Lo que tiene que saber la gente que viaja para esparcimiento es que hoy en día el dólar es un bien escaso. Como no hay, tiene que estar muy caro", explicó el mandatario.

La lacra de la deuda pública

Gran parte de los esfuerzos de las autoridades que tomaron posesión el 10 de diciembre está relacionado con necesidad de un acuerdo con los acreedores externos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fernández insiste en que Argentina no puede afrontar los vencimientos de 2020 y, de hecho, ya se encuentra en suspensión de pagos. Solo entre enero y junio del año venidero, el país debe pagar 45.000 millones de dólares.

La ley sostiene que las negociaciones con los poseedores de bonos y el FMI deben ser  "compatibles con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos". Para lograrlo, Argentina espera tener al menos un respiro de dos años.

Otra de las claves de la ley está vinculada con la reestructuración de tarifas de los servicios públicos, según los criterios de "equidad distributiva". Fernández insistió en que su antecesor Mauricio Macri solo buscó favorecer a sus amigos del sector energético. Algunos estudios detallan que en 2015 una familia pagaba por 350 kilowatts 9,45 pesos (0,15 euros). Cuatro años después esa cifra aumentó casi 60 veces.

Aumento de impuestos

Uno de los aspectos más sensibles de la emergencia tiene que ver con el incremento de los impuestos al sector agroexportador, una de las fuentes indispensables para obtener dólares. En el 2008, los grandes, pequeños y medianos productores le declararon una guerra victoriosa a la entonces presidenta y hoy vicepresidenta , Cristina Fernández de Kirchner, por una política similar. En ese momento, Fernández era su jefe de ministros. Casi doce años más tarde, el actual jefe de Estado aseguró haber aprendido la lección, y por eso los gravámenes serán diferenciados por sector.

Al comentar las medidas, Carlos Pagni, el influyente columnista de La Nación dijo: "Es más llamativa la continuidad que existe entre el paquete económico con los principios, criterios y reflejos más característicos de lo que fue el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). En lo esencial, parece haber sido elaborado por un Kirchner revivido. Es como si Fernández se preguntara en cada encrucijada qué haría Néstor en su lugar".