23 feb 2020

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Protestas masivas

El Gobierno de Chile pide a Alberto Fernández que no opine sobre el estallido social

La cancillería chilena advirtió esto luego de las declaraciones del presidente de Argentina sobre la violación de derechos humanos que se han cometido durante la crisis social

El Periódico

Un polícia en Chile apunta con su arma a un manifestante.

Un polícia en Chile apunta con su arma a un manifestante. / Reuters

El Gobierno de Chile pidió al presidente argentino, Alberto Fernández, que se abstenga de opinar sobre el estallido social, después de que este asegurase que la comunidad internacional no es tan crítica con la crisis que vive el país austral como lo es con la situación en Venezuela.

La Cancillería explicó en un comunicado que el ministro chileno, Teodoro Ribera, llamó a su homólogo argentino, Felipe Solá, para expresarle su "sorpresa" por los comentarios" de Fernández y precisarle "la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países".

Violaciones de derechos humanos

Durante una entrevista en una televisión local, el mandatario argentino aseguró que hay que "poner la mirada en su lugar justo" y que la comunidad internacional "habla menos" de las violaciones de los derechos humanos que presuntamente se han cometido en Chile durante las protestas que de otras crisis.

"Me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando (Nicolás) Maduro, después de una manifestación puso presos 800 personas. (Sebastián) Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada, nadie dice nada", dijo Fernández.

"Quiero aclararle que tengo el mejor trato con Piñera y si puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, pero seamos justos, digamos todo", agregó el gobernante argentino, de corte izquierdista.

Culpan a la justicia chilena

La Cancillería chilena aseguró en el mismo comunicado que en el país "existe un pleno Estado de derecho" y que "no es el presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos".

Chile vive su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos 24 muertos -cinco a manos de agentes del Estado-, miles de heridos y graves acusaciones por presuntas violaciones de derechos humanos por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La crisis social

El presidente chileno, el conservador Sebatián Piñera, ha reconocido abusos puntuales, pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y se ha comprometido a investigar los hechos.

El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ha interpuesto hasta la fecha 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad, de las cuales 750 son por presuntas torturas y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.