Cinco condenados a muerte por el asesinato del periodista saudí Yamal Khashoggi

La Fiscalía de Arabia Saudí ha anunciado que cinco personas han sido condenadas a muerte por el asesinato del periodista Yamal Khashoggi en octubre del año pasado en el consulado saudí de Estambulconsulado saudí  Estambul. Otras tres han sido castigadas a penas de prisión.

Sin embargo, un alto cargo de la  inteligencia saudí, Ahmed Al-Asiri, sin embargo, fue investigado pero dejado posteriormente en libertad por falta de pruebas, según la acusación pública. El cónsul saudí en Estambul, Mohamed Al Otaibi, fue también exonerado sin que se encontraran pruebas en su contra. 

La ONU acusa al príncipe saudí Bin Salman del asesinato de Khashoggi

Khashoggi, un periodista crítico con el Gobierno saudí y columnista del diario Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul, en un crimen escabroso que mereció el repudio internacional e hizo derrumbarse la imagen pública de Arabia Saudí. El periodista que había acudido al consulado de su país para recoger documentos necesarios para su inminente boda fue descuartizado y sus restos nunca han llegado a ser encontrados.

Pese a que Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos responsabilizaron directamente al príncipe heredero Mohamed bin Salman por el crimen, el hombre fuerte del reino no ha sido procesado.

"El Tribunal de Sanciones emitió sentencias contra 11 acusados. Condenó a muerte a cinco personas como castigo por complicidad y participación en el asesinato de Khashoggi", indicó el fiscal Al Shalaan. Añadió que tres acusados fueron encontrados no culpables por falta de pruebas (Qahtani, Asiri y Al Otaibi) y otros tres fueron condenados por encubrimiento a penas que en su totalidad suman 24 años, pero no especificó ni las identidades ni las sanciones.

Sin intención de matar

Según el portavoz de la Fiscalía General, las investigaciones mostraron que no hubo intención de matar a Khashoggi, puesto que los acusados y la víctima no estaban "enemistados". "La decisión fue tomada por impulso en el momento", añadió el fiscal en su comparecencia. Una conclusión frontalmente opuesta al dictamen de Naciones Unidas que fue más alla al afirmar que se trataba de un "asesinato brutal y premeditado planeado y perpetrado" por oficiales saudís.

La relatora de Naciones Unidas para los sumarios arbitrarios, Agnes Callamard, criticó el proceso, que calificó como una "broma". "Los sicarios han sido considerado culpables y condenados a muerte pero los cerebros no solo están en libertad sino que practicamente no se han sometido a investigación", añade Callamard.

El Departamento del Tesoro estadounidense sí responsabilizó directamente a Al Qahtani de la "planificación y ejecución de la operación que condujo al asesinato de Khashoggi".

Al Qahtani, que había trabajado para la familia real desde 2003, incrementó su poder cuando Bin Salmán se convirtió en 2017 en príncipe heredero de Arabia Saudí.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire,ha criticado la sentencia y la opacidad del juicio llevado a cabo en Arabia Saudí por el asesinato en octubre de 2018 del periodista."La condena a muerte no permite hacer justicia. Podemos interpretarlo como un medio para hacer callar para siempre a los sospechosos, como una manera de impedir que hablen para camuflar mejor la verdad", dijo en Twitter.

Según Deloire, el juicio "no ha respetado los estándares internacionales de la justicia". "La opacidad del proceso y la ocultación de elementos de prueba no permiten hacerse una idea sobre los motivos de las condenas y de las absoluciones", añadió.

El Gobierno turco ha rechazado la sentencia porque, en su opinión, está "lejos de cumplir las expectativas de hacer justicia". La sentencia está "lejos de cumplir con las expectativas, tanto de nuestro país como de la comunidad internacional, de que se aclaren todos los aspectos del crimen y se haga justicia", manifiesta el ministerio turco de Exteriores en un comunicado.

La Fiscalía de Arabia Saudí anunció hoy la condena de cinco acusados a la pena capital y de otros tres por encubrimiento a penas que en su totalidad suman 24 años de cárcel, sin especificar ni las identidades ni las sanciones concretas.