Argentina aprueba la ley de emergencia económica

El presidente argentino, Alberto Fernández, ya tiene su ley de emergencia económica, tarifaria, energética, social y sanitaria que estará en vigor seis meses. El Senado ha dado luz verde a una iniciativa a la que se ha resistido la oposición por considerar que apoyarla sería como reconocer que el peronismo ha recibido una país quebrado. La llamada ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva ha pasado primero por la Cámara de diputados y en la madrugada de este sábado ha tenido el aval de los senadores con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El intenso debate marcó el debut de Cristina Fernández de Kirchner como la máxima autoridad de la Cámara alta.

Fernández promulgará la ley en las próximas horas. Para el hombre que asumió el pasado 10 de diciembre un país con una pobreza cercana al 41% de la población, se trata de un instrumento esencial para reencauzar la economía. Sus adversarios más duros, entre ellos la diputada Elisa Carrio, consideró que el Parlamento le ha dado al Ejecutivo poderes extraordinarios como los de una "dictadura".

La iniciativa suspende por seis meses los aumentos de las pensiones de los sectores medios y altos, reasigna partidas presupuestarias para promover el consumo y el gasto social, aumenta los impuestos a las exportaciones, plantea una serie de reformas tributarias y grava la compra de dólares de los ahorristas un 30%. El ministro del Interior, Santiago Cafiero, ha reconocido que se trata de una "medida incómoda". Pero las autoridades, ha afirmado, no tenían otra alternativa porque el Banco Central, ha añadido, se encuentra con muy pocas reservas en moneda extrenjera.

La ley le permite al Poder Ejecutivo llevar adelante las gestiones necesarias para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública". La suerte de Fernández se juega en un acuerdo con los acreedores externos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las actuales condiciones, Argentina no puede pagar los vencimientos del 2020. Solo entre enero y junio del año venidero, el país debe pagar 45.000 millones de dólares.

Pequeños productores

Con el dinero recaudado a partir de los cambios impositivos, el Gobierno se dotará de recursos para la asistencia social. Busca además garantizar su programa contra el hambre, fortalecer el sistema de pensiones y sanitario, incentivar a los pequeños productores y cooperativas, lanzar un plan de infraestructuras y vivienda pública que genere empleo. Además de una deuda externa casi equivalente al PIB y los inéditos niveles de pobreza, la era de Mauricio Macri concluyó con un paro cercano al 10%.

Las tarifas de los servicios públicos, que en la actualidad cuestan 39 veces más que en el 2016, no aumentarán en 180 días. Fernández se propone a su vez reducir la carga tarifaria sobre los hogares, comercios e industrias.

"Queremos recomponer las pensiones con un criterio de igualdad", hs dicho el presidente al defender su proyecto. "Los que dicen estar preocupados por lo que perciben los pensionistas hoy en día, son los que en cuatro años de Gobierno les hicieron perder el 20% de su capacidad de compra".  Fernández ha anunciso a su vez que enviará al Congreso un proyecto de ley que "termine" con las "jubilaciones de privilegio" en el poder judicial y el cuerpo diplomático con el "propósito de garantizar la igualdad" en el sistema.  El mandatario ha recordado que un ministro del Tribunal Supremo "gana cuatro veces lo que gana el presidente".