Un informe de Justicia concluye que el FBI no conspiró contra Trump en el 'Rusiagate'

Donald Trump siempre ha mantenido que la investigación oficial sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 y la presunta cooperación de su campaña con los esfuerzos del Kremlin no fue más que una conspiración cocinada por el FBI y sus agentes para destruirle políticamente. Una teoría que acaba de ser desmontada por otra investigación oficial.

Tras casi dos años de pesquisas, el Inspector General del Departamento de Justicia ha concluido que el FBI tenía motivos justificados para abrir la investigación y que no hay pruebas de que sus agentes actuaran con una motivación política para perjudicar al republicano. El documento expone varios errores y fallos de procedimiento, pero en esencia entierra la teoría de la conspiración de los conservadores. 

"No hemos encontrado ninguna prueba documental o testimonial de que la parcialidad política o alguna motivación indebida influenciara la decisión del FBI de llevar a cabo estas operaciones", asegura el documento de más de 400 páginas. Sus investigadores revisaron casi un millón de documentos y entrevistaron a un centenar de testigos con el fin de determinar si el FBI actuó conforme a las reglas y con la imparcialidad que se le presupone al iniciar en las 2016 la investigación de la trama rusa. 

Las comunicaciones de Page

Las principales críticas del informe se centran en los defectos formales en los que incurrió la agencia al solicitar la autorización judicial que sirvió a sus agentes para escuchar las comunicaciones de Carter Page, un antiguo asesor de la campaña de Trump. Page fue determinante en la apertura de la investigación, que se puso en marcha después de él mismo le contara a un diplomático australiano en un bar de Londres que Rusia tenía información comprometedora sobre Hillary Clinton.

De acuerdo con el informe del Inspector General, Michael Horowitz, el FBI cometió "errores y omisiones significativas" en la solicitud que hizo al tribunal secreto que autoriza las escuchas en el extranjero (FISA) y "no cumplió con sus obligaciones básicas" a la hora de garantizar que la solicitud era "escrupulosamente correcta".

Ese punto está llamado a servir de asidero a los conservadores para seguir defendiendo la irregularidad de la investigación inicial, como no ha tardado en demostrar el fiscal general, William Barr, quien ya había expresado anteriormente sus dudas.

Barr ha asegurado este lunes que las pruebas "no eran lo suficientemente sólidas para justificar las medidas adoptadas". Y ha añadido que, desde sus orígenes, "las pruebas aportadas por la investigación fueron consistentemente exculpatorias".