04 jul 2020

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CRISIS POLÍTICA

Piñera, acorralado en Chile por otra huelga y graves denuncias de HRW

A casi 40 días de iniciado el estallido social el Gobierno de derechas no sabe cómo responder a las demandas de la calle

Los Carabineros, la policía militarizada, es acusada de cometer graves violaciones de los derechos humanos

Abel Gilbert

Manifestación por la huelga general en Chile, en Santiago.

Manifestación por la huelga general en Chile, en Santiago. / EFE / ELVIS GONZÁLEZ

Chile ha vuelto a sacudirse por una nueva huelga general que exige un país más equitativo y una nueva institucionalidad. Las paralizaciones, marchas, barricadas y cortes de carreteras coincidieron con las denuncias de Human Rights Watch (HRW) de "graves violaciones de derechos humanos" cometidas por Carabineros, la policía militarizada. José Miguel Vivanco, el director del organismo, entregó al presidente Sebastián Piñera su demoledor informe en el que advierte de que "está comprometida la seguridad ciudadana", el mismo día en que esas conclusiones se confirmaban en Santiago y otros grandes centros urbanos. HRW detectó un "uso excesivo de la fuerza", "palizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes". Vivanco ha sido más afortunado que Ana Píquer, la directora ejecutiva de Amnistía Chile, quien días atrás y tras haber hecho comprobaciones similares a las de HRW, recibió en su correo electrónico una amenaza de muerte.

El presidente, cuya popularidad ha caído al 12%, oscila entre el reconocimiento de esa realidad descrita (ha prometido que no habrá "impunidad") y una fuga hacia adelante. En medio de la huelga general y el informe de HRW, Piñera remitió al Senado un proyecto de ley que le otorga más facultades a las Fuerzas Armadas para "cuidar" la infraestructura crítica del país sin necesidad de decretar el estado de excepción. Los militares resguardarán hospitales, los servicios de agua, luz y comunicaciones para, de esta manera, liberar de esa responsabilidad a los Carabineros, la fuerza que está en el ojo de la tormenta: hay 442 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra los uniformados.

Más enfrentamientos

En este contexto se desplegó la huelga. La plaza de Baquedano de Santiago, bautizada "de la Dignidad" desde que se inició el estallido social el pasado 18 de octubre, reunió a una multitud que intentó acercarse pacíficamente al Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo. Las columnas fueron recibidas con chorros de agua y gases lacrimógenos por los carabineros que, de acuerdo con HRW, utilizan de manera "indiscriminada"  e "indebida" las "armas y escopetas antidisturbios".

Los manifestantes reclamaron al Gobierno de derechas soluciones para enfrentar las desigualdades sociales, entre otras cosas un salario mínimo y pensiones de 500.000 pesos (unos 600 euros). Según una reciente encuesta elaborada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y Marketing Opinion Research Internacional (MORI Chile), el 94% de los consultados considera que los trabajos en Chile son muy mal pagados.

Piñera prometió una agenda social e impulsar la reforma de la Constitución para apagar el fuego de la conflictividad social. Pero al presidente se le ha abierto otro frente de tormenta. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) aseguró que no existen garantías para la circulación de camiones en el país. El gremio contribuyó en 1973 de manera decisiva al derrocamiento de Salvador Allende. Hoy como ayer, exige orden. "Los carabineros están paralizados y desbordados... Es inminente nuestra paralización. No porque la queramos, sino porque las carreteras de Chile están siendo tomadas impunemente". Por este camino, "no habrá aprovisionamiento de mercaderías, medicamentos y otros bienes, esenciales para la vida diaria de los chilenos, no habrá exportaciones, ni importaciones, ni movimiento de personas (…) es algo que llevaría al caos al país en pocos días".

Nuevos riesgos

En este contexto, el Partido Socialista consideró que la prolongación de la crisis "corroe los fundamentos de la vida democrática y facilita salidas de fuerza hacia aventuras autoritarias y peligrosos populismos". Según el socialismo, "la izquierda democrática debe emprender una decidida batalla ideológica, cultural y política contra esta amenaza que puede pavimentar el camino a una respuesta de toda otra índole: la instauración por las armas de un régimen dictatorial que ‘pacifique’ un Chile arrasado e inerme ante una guerra alimentada por los dos extremos del espectro político".

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