Estallido social
La protesta en Chile deja al menos 18 muertos y más de 2.000 detenidos
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha solicitado a Michelle Bachelet, su antecesora en el cargo y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el envío de una comitiva que se "informe sobre el terreno" de lo que sucede en el país tras una semana de estallido social. El Gobierno de derechas formuló una invitación similar a José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch, quien ha sido severamente crítico por el uso de la fuerza estatal para reprimir las manifestaciones.
La protesta ha dejado al menos 18 muertos, más de 2.000 detenidos y numerosos heridos, así como cuantiosos daños económicos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha recibido denuncias de torturas, vejaciones, palizas y agresiones sexuales por parte de militares y policías que han hecho recordar los años de la dictadura de Augusto Pinochet. En las redes sociales circulan escenas que en los años 70 se silenciaban pero que en la era digital pueden ser captadas por los teléfonos móviles. Así, los chilenos descubren en Instagram que la policía militar (Carabineros) ha sido en ocasiones indiferente o partícipe de saqueos. Y también se escuchan las voces de ciudadanos que fueron obligados a desnudarse o, incluso, fueron "cruficicados" en una antena.
Miles de personas han continuado este jueves en las calles exigiendo a Piñera algo más que mejoras en el sistema de pensiones y el salario mínimo, acceso a los medicamentos y la protección infantil y una mayor carga impositiva a los sectores más ricos. El mandatario ha dejado entrever que si el estallido cede las medidas drásticas tomadas por el Estado comenzarán a ablandarse. "Queremos terminar con los toques de queda y ojalá levantar los estados de emergencia", ha dicho. Esa posibilidad, ha acotado, "está íntimamente ligada con lo que podamos hacer en materia de orden público y seguridad ciudadana". Por lo pronto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha informado sobre la firma de un decreto para llamar a servicio a activo a reservistas del Ejército. A su vez, Piñera ha pedido al Congreso que dé luz verde a sus propuestas para mitigar el enojo colectivo. "Sabemos que la agenda social no resuelve todos los problemas, pero sabemos que constituye un alivio para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas".
Las movilizaciones no cesan
El transporte ha recuperado parte de su rutina. Lo mismo que las cadenas de abastecimiento después de que 333 supermercados fueran saqueados o destruidos. Nadie se atreve a predecir el momento en que finalizará el conflicto. Buena parte de la sociedad está en ebullición. Se realizan asambleas en colegios, universidades, sindicatos y en las esquinas. El papa Francisco llamó a encontrar soluciones a través del diálogo. Piñera, por ahora, no quiere hablar con las organizaciones sociales.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pareció hablar con los manifestantes al considerar que las respuestas del Gobierno han sido parciales. "Está cuestionada la clase política y la élite", aseguró Aguilar. El conflicto no tiene liderazgo claro, es inorgánico, pero algunas de sus demandas son coincidentes: democratización del agua, disminución de las dietas parlamentarias, reducción de la jornada laboral a 40 horas y de las tarifas de electricidad, retirada el proyecto de ley tributaria, convocatoria de una asamblea constituyente y reformulación de las políticas ambientales y de género.
Hijos de represores también en las calles
La magnitud del estallido no deja a nadie indiferente. Hijos, hijas y familiares de represores de la dictadura pinochetista se sumaron a las columnas que desfilaron por las principales ciudades chilenas. El colectivo conocido como Historias Desobedientes dijo unirse a "la exigencia de justicia social que ha llevado al pueblo a manifestarse con una fuerza inesperada". Ellos no quieren saber nada del pasado de sus padres o abuelos. "Aquí estamos, rompiendo atavismos, y diciendo que los crímenes de lesa humanidad no se habrán cometido en nuestro nombre".
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