Crisis política en Perú tras la disolución del Congreso

La inestabilidad institucional ha regresado a Perú. En un país donde todos los presidentes electos tras la caída de Alberto Fujimori hace 19 años fueron encausados por corrupción (Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) y otro, Alan García, se pegó un tiro para evitar la cárcel, el actual mandatario, Martín Vizcarra, siente que la tierra tiembla debajo de sus zapatos y ha anunciado la disolución del Congreso.

Además, el mandatario convocó a nuevos comicios parlamentarios. La legislatura se encuentra bajo control de la oposición fujimorista, en alianza con los herederos de García, quienes no dudaron en acusar a Vizcarra de llevar adelante un golpe de Estado y respondieron con un proyecto de vacío de poder. Mercedes Aráoz intentaba asumir el cargo como presidenta "encargada" después de que el legislativo suspendiera a Vizcarra por "incapacidad moral". De esta manera, Perú se mira en el espejo venezolano: tiene a Vizcarra en la sede del Poder Ejecutivo y a Aráoz en la legislatura. El diputado Jorge del Castillo llamó a la policía y a los militares  a respaldar a la segunda pero los comandantes de las Fuerzas Armadas se han quedado al lado de Vizcarra.

La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a las partes enfrentadas a realizar "gestos que propicien la calma ante la crisis". La OEA, que en el caso venezolano se inclinó sin matices en favor del Congreso que lidera el diputado Juan Guaidó, llama a los peruanos a la cordura para que "la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses". A su vez consideró que las elecciones se realicen "conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano". La "polarización polític" debe ser resuelta "en las urnas".

Control del Constitucional

Vizcarra, quien llegó a la presidencia en marzo de 2018 tras la dimisión de Kuczynski, decidió pasar a la ofensiva cuando advirtió que se consumaba la designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que terminarían empujándolo a una situación similar a la de su predecesor.

Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva por lavado de dinero, buscan copar la Corte con el respaldo parlamentario. Un cambio en la correlación de fuerzas en el TC podría frenar el curso de algunas causas de corrupción sensibles que afectan a los adversarios de Vizcarra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de los peligros que se ciernen sobre el Tribunal Constitucional si la oposición avanza por la senda que se ha trazado.

"Desverguenza"

Vizcarra anticipó que no se quedaría de brazos cruzados. Después de la elección del primer integrante nuevo del TC en un trámite exprés, el presidente comunicó a los peruanosque el actual Congreso no tiene razón de ser. A su vez acusó de "desvergüenza" a una "mayoría parlamentaria" que trabaja "para blindar a los suyos".

La Carta Magna diseñada en 1993 bajo la primera presidencia de Alberto Fujimori establece que si la legislatura rechaza la confianza a dos gabinetes del mismo Gobierno, el Poder Ejecutivo está facultado para disolverlo y llamar a nuevos comicios. Es lo que ha sucedido.

"Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país", dijo Vizcarra. "Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha", añadió.

Reacción de la oposición y la prensa

La respuesta del fujimorismo no se hizo esperar. Algunos de sus representantes parlamentarios llevaron adelante la moción de vacío de poder de Vizcarra para que tome la misma medicina que atragantó a Kuczynski. La congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, fue quien adujo en "la incapacidad moral" del jefe del Estado.

Héctor Becerril aseguró que "el temor a las 46 investigaciones por corrupción que tiene Vizcarra lo llevó a disolver el Congreso. En abril de 1992, Alberto Fujimori también cerró el Parlamento dando inicio a una dictadura y 17 años más tarde los simpatizantes del fujimorismo salieron a las calles a defender las instituciones.

Para el diario limeño El Comercio, con la disolución del Parlamento "se concretiza uno de los fantasmas que planeó en el ambiente político nacional desde el 2016, cuando el voto popular determinó que los poderes del Estado quedaran repartidos entre distintas fuerzas políticas, anticipando una convivencia que, en principio, aparecía como un enorme reto democrático para nuestro país pero que, al final, ha terminado rebasándonos". En un editorial titulado "Perdimos todos", añade que Vizcarra se ha instalado en "un terreno peligroso, en el que la discrecionalidad de un presidente prevalece por encima de lo señalado taxativamente por el orden legal".

Según El Comercio, la situación es más compleja desde el momento en que la Defensoría del Pueblo ha considerado que el jefe del Estado "se aleja de la Constitución" y ha llamado a encontrar "una salida política que reconduzca al país por la vía constitucional". El diario reconoce que el Congreso actual es "una exhibición diaria e ininterrumpida de desfachatez, prepotencia y obstruccionismo". No obstante, "El Comercio" considera lamentable que Perú se prepare para el bicentenario de su independencia "sin haber podido registrar nunca más de tres décadas consecutivas de alternancia democrática".