23 feb 2020

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página negra de méxico

Cinco años de impunidad por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El Gobierno mexicano empezará de cero la investigación tras una oleada de liberaciones de implicados

"Es desesperante pasar cinco años de mentiras del Gobierno, sin saber de nuestros hijos, tratados de criminales", se lamenta una madre

Aitor Sáez

Familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos protestan en el quinto aniversario de la tragedia, frente al palacio de justicia de Iguala. 

Familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos protestan en el quinto aniversario de la tragedia, frente al palacio de justicia de Iguala.  / FRANCISCA MEZA (EFE)

"Uno, dos, tres, cuatro...", así hasta 43. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur de México) desaparecidos hace cinco años. Un cántico bronco que los jóvenes de la escuela rural vuelven a entonar esta vez en un mitin en Chilpancingo -capital del estado de Guerrero-, en cada homenaje, en cada protesta para clamar justicia. Un lustro de desidia judicial, entre la esperanza y el abatimiento de las familias.

Sin embargo, el relevo presidencial ha dado una bocanada de esperanza. Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde el inicio de su mandato, el 1 de diciembre del 2018, a retomar la investigación y ha impulsado la creación de una comisión de la verdad.

"Es desesperante pasar cinco años de mentiras del Gobierno, sin saber de nuestros hijos, tratados, además, de criminales", asegura a EL PERIÓDICO, Cristina Bautista, sosteniendo un cartel con el rostro de su hijo Benjamín. El mismo rostro que cuelga de uno de los 43 pupitres vacíos en la humilde escuela rural, donde decenas de grafitis en cada una de las paredes exigen conocer la verdad.

La noche del 26 de septiembre del 2014 un centenar de normalistas -alumnos de la escuela rural- de Ayotzinapa, al sur de México, tomaron varios autobuses para acudir a una protesta en Iguala, el municipio colindante. Parte de la caravana fue interceptada por la policía y atacada a tiros por grupos armados. Al menos seis estudiantes fueron asesinados, 27 resultaron heridos y 43 desaparecidos en un asalto que duró hasta la madrugada.

Investigación negligente

Dos semanas después, la Procuraduría General de la República emitía su versión de los hechos: el crimen organizado había calcinado a los jóvenes en un basurero cercano y luego se deshizo los restos. Es la conocida como "verdad histórica" con la que el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto quiso dar carpetazo al caso y en la que los familiares nunca confiaron.

La principal hipótesis oficial es que, sin saberlo los normalistas, esos autobuses transportaban droga y el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos apoyado por las autoridades los atacaron para recuperar su mercancía, según el Grupo de Expertos Independientes conformado para analizar el caso.

Durante cuatro años de laxitud en la investigación, varios organismos autónomos recabaron pruebas y argumentos para demostrar que se habían perdido y contaminado pruebas, se había ocultado información y se había usado la tortura para configurar una versión oficial. Las autoridades llegaron a encarcelar durante 10 meses a un maestro por confundirlo con un sicario.

En noviembre del pasado año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusaba de negligente al Gobierno de Peña Nieto en un informe de 2.000 páginas en que destacó que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en una cadena de responsabilidad que iba desde el policía local hasta el presidente, quien terminó su mandato dando la espalda a las víctimas ante el caso más polémico en la historia de México.

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos"

Con su llegada al poder, López Obrador tomó como bandera la búsqueda de justicia por la desaparición masiva. "Este es un asunto de Estado (...). No va a haber obstáculos para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió", prometió el presidente en un acto donde invitó al Palacio Nacional a las madres de los estudiantes, que colocaron en la mesa presidencial sus pancartas: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Sin embargo, esa elocuencia y voluntad política no han sido suficientes. En junio se revelaron varios vídeos de torturas contra algunos de los detenidos, lo cual desmontaba la 'verdad histórica' del anterior Gobierno, pero a su vez servía de detonante para invalidar los procesos judiciales.

Debido a las ingentes irregularidades procesales en las últimas semanas se liberaron en varias tandas a 77 de los 142 imputados y la mayoría de los implicados aún en prisión están a un paso de obtener su libertad. Se había documentado que 66 uniformados de varios cuerpos policiales habían actuado en connivencia con el crimen organizado.

Ante ese descalabro en los tribunales, el Ejecutivo de López Obrador anunció que reconstruirá la investigación "desde cero" y perseguirá penalmente a los encargados anteriores a quienes culpan por el desmoronamiento de las indagaciones.

"Con las liberaciones perdemos fuentes primarias de información, pero no solamente basaremos la nueva investigación en esos testimonios, sino en el análisis científico de decenas de escuchas telefónicas", apunta el secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Félix Santana, quien adelantó a este diario que, gracias a la intervención de conversaciones, se ha empezado una búsqueda de los cuerpos en un terreno cerca de Iguala. EL PERIÓDICO comprobó presencia militar en el basurero de Tepecoacuilco, a unos 10 minutos de donde desaparecieron los jóvenes.

Soldados inspeccionan el basurero de Tepecoacuilco en busca de indicios sobre la desaparición de los estudiantes. / FRANCISCA MEZA (EFE)

Frenar las liberaciones

La nueva Fiscalía General de la República -órgano independiente creado por la nueva Administración-  presentó sin éxito nuevas acusaciones para frenar las liberaciones. "Esperamos que la Fiscalía ejecute órdenes de aprehensión y emita nuevas órdenes contra policías locales y federales. Hay un compromiso al más alto nivel, pero todavía esperamos acciones concretas para valorar ese alcance", asegura Luis Tapia, coordinador del Centro Prodh, la oenegé que ha encabezado el seguimiento al caso.

"No solo está en juego el proceso de Ayotzinapa, sino la legitimidad de México como Estado de derecho", indica Tapia sobre un caso que ha evidenciado la enorme impunidad judicial para más del 90% de los crímenes y ha encarnado la lucha por la justicia en un país con más de 40.000 desaparecidos.

Un lustro después las familias de los normalistas siguen aferradas a cualquier indicio de una investigación anegada en un callejón sin salida. "Todo va más lento de lo que querríamos, pero nuestra esperanza va creciendo por el trato que nos ha dado el nuevo presidente. Al menos ahora ya quedó enterrada la mentira oficial y eso va a permitir avanzar", considera Cristina entre un estruendoso conteo que no desfallece: "...cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Justiciaaa".