TENSIÓN POR EL 'BREXIT'

La justicia escocesa declara "ilegal" la suspensión del Parlamento británico

La setencia, que el Gobierno británico apelará ante el Tribunal Supremo, da a entender que Boris Johnson engañó a la reina, al aconsejarle autorizar el cierre de las dos Cámaras

Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido

Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido / periodico

Begoña Arce

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El Gobierno de Boris Johnson se negó el miércoles a escuchar los llamamientos reclamando la reapertura inmediata del Parlamento, después de que el más importante tribunal civil en Escocia concluyera que la suspensión es ilegal. Tras media docena de derrotas en la Cámara de los Comunes a manos de los diputados en los últimos días, con el Parlamento cerrado y cuando parecía que el laberinto del ‘brexit’ no podía liarse más, el nuevo golpe para Johnson llegó desde el ámbito de la justicia.

"El consejo dado por el Gobierno a su majestad, la reina, de prorrogar el Parlamento desde el 9 de septiembre al 14 de octubre es ilegal y por tanto la suspensión es ilegal también y no tiene efecto" señala el veredicto, leído en voz alta por el presidente del tribunal, Lord Carloway, el jefe del poder judicial en Escocia.

Por unanimidad, los tres magistrados del tribunal de apelación fallaron a favor de un grupo de más de 70 diputados y lores. En su demanda argumentaban que el cierre era un ataque a la democracia y un abuso de poder. La decisión "no cambia nada", fue la reacción inmediata del gobierno, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. La vista comenzará el próximo martes en Londres.   

Johnson había venido insistiendo en que el cierre del Parlamento era una práctica habitual para un nuevo Gobierno y rechazó repetidamente las acusaciones de querer silenciar las críticas de los diputados sobre su estrategia para el ‘brexit’. Pero los jueces consideran que la motivación del primer ministro con la suspensión de cinco semanas, "tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento", que, recuerda la sentencia, "es un pilar central, consagrado en la Constitución, en los principios de buen gobierno”.

 Los jueces no lo dicen específicamente, pero dan claramente a entender que Johnson habría engañado a Isabel II, al aconsejarle la aprobación de la prerrogativa, una actuación inconstitucional. "Si se comprueba que el Gobierno ha engañado a la reina sobre los motivos para cerrar el Parlamento, sería un asunto, muy muy serio. Desde mi punto de vista sería el momento para Johnson debería presentar la dimisión sin dilación", declaró el diputado independiente ahora, y antiguo consejero del Gobierno, Dominic Grieve, uno de los 21 expulsados del Partido Conservador.

La petición de dimisión fue también respaldada por los liberales demócratas.  Johnson ha coseguido metar a Isabel II en el embrollo. El palacio de Buckingham declinó en un comunicado comentar el fallo, alegando que es un asunto del Gobierno.

Pruebas abrumadoras

Los partidos de la oposición reclamaron la reapertura inmediata del Parlamento, algo a lo que el Gobierno se negó. "Estamos decepcionados con la decisión de hoy y apelaremos ante el Tribunal Supremo", indicaron desde la oficina del primer ministro.  

"Es un fallo muy poderoso", señaló  el laborista Keir Starmer, encargado del "brexit" y antiguo Fiscal General. "Normalmente los jueces no entran en este terreno sobre la motivación de los políticos en las decisiones que toman. Solo puedo asumir que las pruebas que han visto los jueces contra Boris Johnson son abrumadoras, al concluir que actuó ilegalmente al cerrar el Parlamento".

La líder del Partido Nacional Escocés y ministra principal, Nicola Sturgeon, ha pedido a Johnson que actuara en consecuencia.  "El Parlamento debe volver inmediatamente y le pido al primer ministro que haga lo que se debe, reabra el Parlamento y de por acabado el cierrre ilegal".

La sentencia del tribunal en Edimburgo revoca una decisión anterior de la justicia escocesa en primera instancia, que consideró legal la suspensión. En idéntico sentido se había manifestado también un tribunal de similar rango en Londres, sobre la demanda presentada por la empresaria y activista proeuropea Gina Miller, con el respaldo del exprimer ministro conservador John Major.

Los abogados de Miller enviaron al Gobierno y a los presidentes de las dos cámaras una carta pidiendo el retorno este jueves de los diputados, "hasta que el Tribunal Supremo emita su juicio, lo que posiblemente no ocurrirá hasta la semana del 23 de septiembre como muy pronto".