La decisión de Johnson, rumbo a los tribunales

La decisión de Boris Johnson de cerrar el Parlamento de esta forma tiene solo cuatro precedentes: dos en la historia moderna y otras dos en los siglos XVII y XIX.  La penúltima fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando el Gobierno laborista de Clement Attlee suspendió el Parlamento por una disputa con los lores por su programa de nacionalización de la industria del hierro y acero. La suspensión duró poco más de un mes y acabó perdiendo las elecciones de 1950 en favor de Churchill. pese a tener una mayoría de 147 diputados. Boris Johnson tiene una mayoría de uno. La segunda fue en 1997. Utilizó estos poderes precisamente John Major para investigar un asunto de corrupción. La suspensión terminó con Tony Blair en el poder.

Normalmente la Cámara cierra durante unos días cuando se produce un cambio de sesión. Es decir, cuando cierra un año parlamentario y abre uno nuevo. Por lo general, coincide con la vuelta de año. En esta ocasión, la sesión estaba abierta desde 2018. No se cerró porque estaba en marcha el proceso del 'brexit', que debía acabar el 29 de marzo, primero; en abril, después, y el 31 de octubre tras la segunda prórroga. En total, llevaban 405 de debate con esta sesión. Lo normal era mantenerla hasta el final del brexit, pero Johnson no lo ha permitido.

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El tiempo de cierre

Luego está la cuestión de la durada del cierre. En el 2013 estuvo cerrado 4 días y en el 2016, 13, el máximo hasta ahora. Lo normal es que sea entre 3 y 8 días parlamentarios. Clausurarlo por un mes no tiene precedentes. Una vez se cierra el Parlamento, por ley, se suspenden también todas las propuestas de ley que se están debatiendo y no se permiten debatir de nuevas. O sea, que si la semana que viene consiguieran poner en marcha una ley para frenar el 'brexit', esta sería suspendida automáticamente el 9 o 10 de septiembre o cuando se clausurara la sesión. Algunas leyes pueden pasar a la siguiente legislatura, pero requieren de consenso entre partidos. En esto consiste la estrategia de Johnson. Su intención es que en el nuevo año parlamentario que se iniciará el 14 octubre con la lectura del programa de gobierno por la reina todas las legislaciones se centren en el país después del brexit.

Varios políticos como el exprimer ministro conservador John Major o el exministro de Justicia Dominic Grieve quieren llevar a los tribunales la decisión. No es posible montar una causa legal contra el ejercicio de la reina de desempeñar sus poderes para suspender el Parlamento, pero sí contra el consejo del gobierno para que cerrara la Cámara legislativa.

La estrategia judicial

Y es este asesoramiento lo que piensan demandar, un consejo que fue dado a la reina por el presidente de su consejo privado, el euroescéptico Jacob Rees-Mogg. Fue él quien se desplazó a Balmoral, a Escocia, para reunirse con la reina y asesorarla en nombre del Gobierno.

La reina, como jefa de Estado, siempre sigue los consejos que le da su Gobierno. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, escribió a su vez a la reina que el consejo del Ejecutivo no era el adecuado, pero Isabel II no podía hacer nada. De alguna manera, pidiendo a la monarca que ejerciera esta prerrogativa, Johnson puso en un compromiso a la reina. La monarquía británica, por tradición, siempre se ha mostrado neutral en asuntos políticos como por ejemplo el 'brexit'.

Si el juez entendiera que el premier aconsejó a la reina utilizar sus poderes con la motivación oculta de impedir el normal funcionamiento de la democracia y del Parlamento, podría declarar que esos poderes han sido usados incorrectamente y, por tanto, pueden ser declarados ilegales.