Derechos humanos

La justicia salvadoreña absuelve a una joven del delito de aborto

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Abel Gilbert

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"Soy inocente, revisen las pruebas, déjenme continuar con mi vida, yo solo espero justicia". Evelyn Hernández apenas levantó la voz pero sus palabras dejaron en el aire una estela estremecedora. Un tribunal salvadoreño la acusaba por segunda vez de homicidio agravado por parir a los 18 años a un bebé muerto. Ella ya había sido sentenciada a 30 años de cárcel en 2016. El Tribunal Supremo ordenó realizar un nuevo juicio que puso los ojos en el pequeño país centroamericano. "Las pruebas no tienen ningún elemento directo para establecer el dolo", alegó la abogada de Hernández, Bertha Deleón. El juez José Virgilio Jurado Martínez consideró que el desmayo que había sufrido la joven en medio de la "emergencia obstétrica" no le permitió "cumplir la función garante" de la vida del bebé.  La fiscalía puso el grito en el cielo al que se suele encomendar. Quería encerrarla por cuatro décadas. Debió aceptar la absolución.

La historia de Evelyn Hernández y sus 33 meses de prisión es parte de un drama que la excede. En la actualidad otras 16 mujeres están presas en El Salvador por haber abortado. La ley vigente es una de las más severas e inflexibles del planeta. No existe resquicio legal que contemple la interrupción del embarazo. De acuerdo con organizaciones feministas, entre 2000 y 2014 la justicia impartió 49 condenas mientras que 250 mujeres fueron objeto de una denuncia de un médico o empleado hospitalario como la que cayó sobre Hernández. 

Pero el calvario de Evelyn fue doble: ella había sido violada en 2015 por un pandillero, uno de los miles que revistan en las facciones Mara Salvatrucha y Barrio 18. Hernández todavía recuerda lo que pasó meses más tarde. Un 6 abril de 2016 se despertó con fuertes dolores abdominales. Corrió hacia el baño. Sufría un sangrado fuerte. Se desmayó. No sospechaba que estaba embarazada. La defensa demostró durante el juicio que la joven no había tenido síntomas. 

La madre la llevó al hospital más cercano de la comunidad rural donde habitaban. El médico hizo de policía. Después vinieron los dos juicios y el desenlace que ha sido saludado por las agrupaciones feministas de la región. Para Sara García, de la Agrupación Ciudadana Ciudadana para la Despenalización del Aborto, Hernández enfrentó "la persecución de un Estado que sólo visualiza a una mujer que transgrede el rol del mandato social de la maternidad".  Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que la "decisión del juez reafirma que ninguna mujer debe ser acusada injustamente de homicidio por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica". El jurista español Arnau Baulenas, otro de los abogados defensores de Evelyb, estimó que el dictamen "debe de servir a futuro para cambiar la posición que ha adoptado la Fiscalía". 

Al conocer el veredicto, Hernández recordó a las que todavía padecen las injusticias. "Espero que salgan pronto". Al ser consultada sobre su futuro dijo que quiere estudiar.