Lucha contra la impunidad

Ni una menos: Mujeres en Perú marchan y exigen justicia

Hasta la fecha son 105 feminicidios que se han dado en el país sudamericano

Son 105 los feminicidios que se registran en el Perú hasta la fecha

Son 105 los feminicidios que se registran en el Perú hasta la fecha / periodico

El Periódico

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La cuarta marcha nacional del colectivo "Ni una menos" convocó este sábado a miles de personas en Perú para exigir justicia y acciones contra la violencia de género, a raíz de los 105 casos de feminicidio registrados en lo que va de año.

Según las cifras oficiales que maneja el colectivo feminista, en Perú muere una mujer cada día y los casos de tentativa de feminicidio suman unos 150 más hasta la fecha.

"Estamos muy consternados por la cifra de 100, pero son como 250 con los intentos de feminicidio y si luego cuentas que por cada intento de feminicidio hay tres niños, hay padres, abuelos, toda una familia que se siente consternada porque tiene un familiar directo que es víctima", declaró a Efe la portavoz del colectivo "Ni una menos", Alejandra Ballón.

Además, la activista recordó que el año pasado "hubo más de 12.000 casos de violación sexual y que, de esos casos, el 60 % (de los agresores) son familiares y de las adolescentes que quedan embarazadas, el 90 % son incestos".

"Entonces, estamos hablando de un problema gigantesco y para eso vamos a necesitar años de años de lucha permanente para poder lograr el cambio", señaló.

Ballón explicó que el problema de la violencia contra la mujer "es tan profundo que se debe declarar emergencia nacional para que el Estado pueda subir el presupuesto en prevención y atención".

Diversos grupos organizados de mujeres, trabajadoras, estudiantes, algunos partidos políticos como el izquierdista Nuevo Perú, y el ministerio de la Mujer, encabezado por su titular Gloria Montenegro, participaron en la marcha por las calles del centro de Lima, rumbo al Palacio de Justicia.

Los familiares de las víctimas de feminicidio también se hicieron presentes con carteles mostrando fotografías de sus hermanas e hijas, muertas en manos de sus exparejas, para reclamar una rápida acción de la Policía Nacional, la Fiscalía y los tribunales para prevenir estas tragedias.

Estefanie Flores Mendoza murió el pasado 13 de abril por un golpe en la cabeza y asfixia presuntamente propinados por su expareja José Falcón, con quien convivió durante cuatro años en la casa de sus padres.

Su hermana Katerine Flores Mendoza contó a Efe que el hombre intentó estrangular a Estefanie en marzo último y que fueron a la comisaría a denunciarlo por tentativa de feminicidio y que le prometieron darle garantías por su vida.

Sin embargo, el policía a cargo registró el ataque como violencia familiar y abandono de hogar, cuando él ya no vivía en el domicilio de la víctima.

"Después de tres semanas, este hombre mata a mi hermana de la manera más cruel, pensábamos que la había estrangulado como la primera vez, pero en la necropsia de ley salen dos causas de muerte: traumatismo encéfalo craneano y asfixia mecánica", contó Katerine Flores.

La familia de Estefanie Flores afirma que ella no sólo ha sido víctima de su agresor, sino también del Estado porque el policía que recepcionó su denuncia de agresión en marzo no cumplió con ordenar su inmediata detención e iniciar una investigación que hubiera evitado su muerte.

Otro feminicidio en el que la familia pide más severidad en los tribunales es el de Nelva Evangelista Loa, asesinada hace 13 años por su expareja, después de que ella intentase dejarlo varias veces durante los diez años de relación que mantuvieron.

Hace tres años, el ministerio del Interior puso el nombre del presunto asesino en la lista de los más buscados, fue capturado y condenado a 28 años de cárcel, contó a Efe su hermana Fátima Evangelista.

"Pero él apeló y le redujeron la condena a 20 años porque dice que actuó por emoción violenta, cuando es totalmente falso porque mi hermana lo denunció tres veces" antes de que la asesinase, aclaró.

La familia de la víctima pide ahora que le eliminen los beneficios penitenciarios, "que le pueden reducir cinco años más" la condena, y si fuera posible una revisión de la sentencia porque si comprueban que actuó con premeditación la condena podría elevarse a 30 años de prisión.