Caso polémico
Marruecos ordena la expulsión de una abogada española del Sáhara Occidental
El gobierno marroquí impidió la entrada de Cristina Martínez con el argumento de que no disponía de una acreditación para asistir como observadora a un juicio de un grupo de activistas
Las autoridades marroquíes expulsaron de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, a la abogada española Cristina Martínez, que venía como observadora para asistir al juicio que tendrá lugar este jueves contra ocho activistas saharauis.
Según informó a Efe por teléfono la letrada, las autoridades en el puerto de El Aaiún no le permitieron entrar en la ciudad tras su llegada en un vuelo que procedía de la ciudad de Casablanca, en el centro de Marruecos.
Martínez, que tuvo que tomar un vuelo de vuelta hacia Casablanca, explicó que las autoridades le prohibieron la entrada con el argumento de que no disponía de una acreditación, al mismo tiempo que señaló que le rechazaron la acreditación del Observatorio de Abogados Saharauis que presentó. La abogada española calificó de "vergonzosa" su expulsión, y añadió que es la primera vez que se le impide entrar en el territorio saharaui.
El juicio
El Tribunal de Apelación de El Aaiún retoma mañana el juicio contra ocho saharauis acusados por su supuesta implicación en los disturbios que estallaron el pasado 19 de julio en la ciudad de El Aaiún tras las celebraciones por la victoria de Argelia en la Copa de África.
Durante los disturbios una estudiante saharaui falleció tras ser atropellada de forma accidental por vehículos antidisturbios. Los procesados están acusados de sabotear vehículos y colocar obstáculos en la vía pública con el fin de perturbar el tráfico. El juicio fue pospuesto el pasado miércoles para permitir a los abogados preparar su defensa.
La expulsión tiene lugar tras otra el pasado 23 de junio, cuando las autoridades marroquíes expulsaron a tres abogados españoles del territorio del Sáhara Occidental que viajaron entonces para asistir al juicio de la periodista saharaui Nezha Khalidi, que fue condenada a pagar una multa de 400 euros por ejercer la profesión de periodismo sin obtener una previa acreditación.
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