29 mar 2020

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Ejercicio del poder

Acusan al ministro de Economía de Guatemala de corrupción y lavado

Acisclo Valladares ha sido implicado a una red que obtuvo beneficios millonarios y que los invirtió través de sociedades off shore en Panamá y Belice

El Periódico

Acisclo Valladares, ministro de Economía de Guatemala.

Acisclo Valladares, ministro de Economía de Guatemala.

El ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares, ha sido implicado en un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero en relación con una red vinculada al poder de distintos gobiernos.

Esta trama, denominada Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, forma parte de una investigación desarrollada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llevó a ejecutar una serie de órdenes de aprehensión, solicitudes de desafuero y citaciones a declarar.

Las pruebas en su contra

El caso, que se sustenta en informes técnicos y bancarios, declaraciones testimoniales e información de otras tramas ya conocidas, identificó una red "vinculada al ejercicio del poder" en distintos períodos y gobiernos -el de Álvaro Colom (2008-2012) y el de Otto Pérez Molina (2012-2015)- que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas.

Al mismo tiempo, utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice, y la compra de bienes inmuebles, una red donde uno de los principales operadores era Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, que fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y vinculado a otras tramas.

Control absoluto del poder

Esta red de personas de "alto poder político", que obtenía beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas, estaba formada por Valladares, Alejos, el expresidente Otto Pérez Molina, el exsecretario privado de éste en la Presidencia Juan de Dios Rodríguez -implicado en otras causas-, empresarios y abogados.

El objetivo era "apoderarse del Estado" con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y "enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes".

Para ello, los grandes contratistas del Estado, especialmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios de Gobierno el pago de sobornos para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas. Uno de los principales beneficiarios fue José Maynor Palacios Guerra, vinculado a empresas ya señaladas en otras causas.

Lavado de dinero

Él hizo pagos a Alejos (un total de 7,2 millones de dólares) a través del sistema bancario guatemalteco pero también el internacional, especialmente el panameño, y además mediante la elaboración de contratos de préstamo falsos.

El método para lavar el dinero fue desarrollado por los abogados y notarios Ricardo López Barrientos y Manuel de Jesús Palma y Palma, quienes disponían de las sociedades off shore panameñas para realizar la compraventa de apartamentos en el proyecto Edificio Casa Margarita, cuyo desarrollador, William Balz Gallardo, igual que sus letrados, tiene una orden de captura.

La estrategia consistió en que apartamentos Las Margaritas, Sociedad Anónima aportó los inmuebles a varias off shore propiedad de otra mayor (Cross Caption International, INC), que vendió las acciones a otras off shore utilizadas por Cámbara, por lo cual se hace propietario de esos apartamentos registrados a cada una de esas entidades, al menos 8.

Al negociarse de esta forma, las autoridades tienen dificultades para seguir la ruta del dinero (los pagos) y la identificación de las personas físicas intervinientes, además de que la compraventa de acciones mediante un contrato privado no genera factura y por ende no se liquidan impuestos, defraudando así al Estado.