El Supremo y Guatemala dan una doble victoria a Trump en inmigración

El viernes fue un día triunfal para Donald Trump en lo que respecta a su política de mano de hierro con la inmigración. Menos de 48 horas después de sufrir una derrota parcial en los tribunales para sus planes para restringir el derecho de asilo, el presidente de Estados Unidos obtuvo un espaldarazo significativo y trascendental desde el Tribunal Supremo, que dio luz verde a la apropiación extraordinaria de fondos para el muro en la frontera con México que el mandatario inició después de que el Congreso le negara el dinero. Además, Trump selló con Guatemala un acuerdo que convierte de facto al país centroamericano en una barrera para frenar a los migrantes al permitir enviar a Guatemala a solicitantes de asilo que hayan pasado por allí en su camino hacia EEUU.

El dominio conservador en el Supremo que Trump ha logrado instaurar con el nombramiento de dos jueces sigue dándole frutos. Los cinco magistrados de esa mayoría determinaron que Trump puede usar los 2.500 millones de dólares que desvió de Defensa para construir o reconstruir 160 kilómetros del muro mientras se resuelven casos pendientes en tribunales inferiores. Esa apropiación extraordinaria de fondos la realizó en febrero mediante una declaración de emergencia nacional, que llegó después de que la guerra política por el muro llevara a 35 días de cierre parcial de la Administración a los que se puso fin con un acuerdo que le daba a Trump 1.380 millones, muy lejos de los 6.700 que él buscaba.Trump usó por primera vez su poder de veto para salvar la declaración. 

La breve decisión del Supremo, por cinco votos contra cuatro, está recogida en menos de tres folios pero sus implicaciones son extensas y eso explica el triunfalismo que Trump expresó en un tuit.

Por una parte, apunta a que la mayoría conservadora apoyará a Trump en la resolución final de los casos. Por otra, pone en cuestión la capacidad de grupos privados como el medioambientalista Sierra Club o la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, que plantearon la demanda inicial, para personarse contra las decisiones de la Administración. Esto último representa un revés considerable ya que con anterioridad otro tribunal federal en Washington rechazó la autoridad legal del Congreso para luchar mediante demandas contra la declaración de emergencia.

Efectiva presión a Guatemala

También es una victoria significativa para Trump el acuerdo sellado con Guatemala, país al que esta misma semana el mandatario había amenazado con imponer aranceles, comisiones en las remesas de dinero que se envían desde EEUU y hasta un posible veto a la entrada de todos sus ciudadanos si no colaboraba como él quería en el freno de la migración, sobre todo de centroamericanos.

Esa presión sin duda ha surtido efecto y el ministro de exteriores guatemalteco, Enrique Degenhart, firmó el viernes con el secretario en funciones de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan, un acuerdo que se espera que entre en vigor en agosto por el que los migrantes que pasen por Guatemala deberán pedir asilo allí y, si no lo hacen, podrán ser enviados de regreso cuando intenten solicitarlo en EEUU. Estarán exentos los menores que viajen no acompañados.

Formalmente no es la declaración de “tercer país seguro” que buscaba Trump (un paso que el Supremo guatemalteco impidió dar al presidente, Jimmy Morales, sin aprobación de su Congreso), pero en la práctica funciona como tal. Y numerosas organizaciones de derechos humanos han reaccionado recordando las problemáticas condiciones económicas y de seguridad en Guatemala y desde Refugees International, por ejemplo, se ha recordado que el país “no es de ningún modo seguro para refugiados y quienes buscan asilo”.

Desde el gobierno de Trump, que acostumbra a criminalizar y demonizar generalizando a inmigrantes y países enteros, esta vez el mensaje es muy diferente. “Es arriesgado etiquetar todo un país como inseguro”, dijo en el Despacho Oval McAleenan. “A menudo pintamos América Central con una brocha demasiado gorda. Hay obviamente lugares en Guatemala y en EEUU que son peligrosos pero eso no significa que no tenga un proceso justo”.