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MANO DE HIERRO CON LA MIGRACIÓN

Trump extiende a todo EEUU las "deportaciones exprés"

Expulsará sin proceso judicial a inmigrantes sin papeles con menos de dos años en el país

Solo 35 personas fueron detenidas en la publicitada operación de redadas de ICE

Idoya Noain

Inmigrantes centroamericanos acompañados por las autoridades de EEUU.

Inmigrantes centroamericanos acompañados por las autoridades de EEUU. / EFE

Donald Trump sigue encontrando vías para endurecer la política migratoria de Estados Unidos con pasos que, según críticos, activistas y organizaciones de derechos humanos, retan la legalidad. Este martes ha entrado en vigor una nueva norma por la que la se expande la autoridad gubernamental para ejecutar “deportaciones exprés”, en las que inmigrantes sin papeles pueden ser expulsados sin haber podido defender sus casos ante un juez o sin haber tenido acceso a un abogado.

Desde 1996 estaba en vigor una ley, firmada por Bill Clinton, que sobre el papel permitía este tipo de deportaciones aceleradas pero en la práctica solo empezó a aplicarse en 2004, bajo el mandato de George Bush, y limitándose a inmigrantes que hubieran entrado por tierra, fueran detenidos a no más de 160 kilómetros de la frontera de México y llevaran menos de 14 días en EEUU. Desde la publicación este martes en el Registro Federal de la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, las deportaciones exprés se aplicarán a cualquier inmigrante sin documentación que no pueda probar su presencia continuada durante los dos años anteriores en el país.

Demandas garantizadas

Según el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan la medida es cuestión de “seguridad nacional y pública”, responde a una “crisis en la frontera sur” y contribuirá a desatascar el embudo en los tribunales, donde se acumulan cerca de 900.000 casos de migración pendientes, unos 300.000 más que cuando Trump llegó al poder. Para los críticos como Grace Meng, de Human Rights Watch, se trata de “un cambio masivo y peligroso” y “una receta para devastar comunidades y romper miles de familias más”.

La lucha en los tribunales contra la medida está garantizado. Lo ha anunciado ya en un comunicado el director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, Omar Jawdat, que ha calificado el plan de “ilegal” y ha denunciado que inmigrantes que llevan años viviendo en EEUU “podrán ser deportados con menos garantías judiciales de las que la gente tiene ante un juez de tráfico”. También el Consejo Americano de Inmigración ha prometido una demanda y desde el grupo Royce Bernstein Murray ha dicho que la expansión de la autoridad permite al Departamento de Seguridad Nacional “esencialmente ser juez y parte”.

Unos 300.000 afectados directos

A partir de datos del Instituto de Política de Migración se calcula que la medida podría afectar a cerca de 300.000 de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que se estima que viven en EEUU, que típicamente lleva 15 años en el país según el Centro de Investigación Pew. La presión que supone la nueva norma, no obstante, va más allá de los afectados directos y es la última vuelta de tuerca en el endurecimiento de la demonización y persecución de los inmigrantes desde la Casa Blanca de Trump, que la semana pasada, por ejemplo, aprobó otra medida que restringe radicalmente el derecho de asilo (medida que ya enfrenta demandas).

El efecto palpable de ese endurecimiento ha sido la extensión del terror y el miedo en comunidades de inmigrantes de todo el país aunque la estrategia de Trump también tiene contrapartidas. Este martes, por ejemplo, fuentes de la agencia policial de migraciones (ICE) han confirmado a varios medios que solo detuvieron a 35 personas de las más de 2.000 que pusieron en su diana en una operación de redadas que debía comenzar hace dos domingos y que Trump anunció con antelación. Esa publicidad permitió a muchos inmigrantes esconderse, provocó campañas de educación sobre sus derechos  y dejó como resultado un número de arrestos que el director en funciones de ICE, Matthew Albence, ha reconocido “bajo”.  Del 13 de mayo al 11 de julio, según datos de Seguridad Nacional, hubo 899 arrestos de ICE.

En una entrevista con The New York Times Albence ha explicado que también se está intensificando la presión sobre negocios sospechosos de dar empleo a inmigrantes sin papeles. La semana pasada 3.282 negocios recibieron órdenes de enviar información sobre sus contrataciones para ser auditada. En todo el año fiscal 2018 esas peticiones fueron algo menos de 6.000 y en el anterior solo se extendieron a 1.360 negocios.