La reforma del paro enfrenta al Gobierno francés con patronal y sindicatos

El primer ministro francés, Edouard Philippe, acompañado de la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, ha presentado este martes el último, y potencialmente explosivo, capítulo de las reformas destinadas a liberalizar el mercado laboral, la que afectará a las prestaciones por desempleo.

El Gobierno persigue cuatro objetivos, en palabras de Philippe: terminar con el uso abusivo de los contratos de corta duración, que un trabajador cobre más trabajando que estando en el paro, igualar el régimen de indemnización al de los vecinos europeos y apoyar con más eficacia a los parados para que encuentren trabajo.

Intentando dar una de cal y otra de arena, hay medidas orientadas a incentivar la estabilidad en el empleo, como la penalización a las empresas que abusen de los llamados contratos basura y otras que recortan derechos de los trabajadores.

Bajar el gasto público

El cambio fundamental, con el que el Gobierno pretende reducir más el gasto público, es el endurecimiento de las condiciones para cobrar el paro. Hasta ahora, un desempleado tiene que haber trabajado al menos cuatro de los 28 meses anteriores a su despido, un sistema aprobado hace 10 años para amortiguar la ola de despidos generada por la gran recesión.

Pero al considerar que el contexto ahora es distinto –el paro registrado en mayo fue del 8,7%, el más bajo en una década-- el Gobierno opta por ser más estricto y,  cuando la reforma entre en vigor, tendrán derecho a paro los que hayan trabajado 6 meses durante un periodo de 24.

Otra novedad es la que afectará a las prestaciones de los trabajadores que más ganan. Quienes antes de verse en la calle tengan un sueldo bruto de más de 4.500 euros al mes, verán su prestación recortada en un 30% a partir del séptimo mes, aunque en ningún caso la subvención podrá ser inferior al mínimo establecido de 2.261 euros netos al mes.

La medida, que no se aplicará a los mayores de 57 años, afectará al 10% de los trabajadores mejor remunerados, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Hasta ahora la prestación no era degresiva sino que estaba limitada a 7.700 euros brutos al mes.

Nuevo modelo de cálculo

El Gobierno también revisa el sistema para calcular el subsidio con la finalidad de evitar que gane más sin trabajar que estando empleado, situación en la que se encontraría el 20% de los que tienen derecho a prestación, aunque ni los sindicatos ni muchos investigadores están de acuerdo con esta cifra.

Hay igualmente novedades para las empresas, porque se establecerá un sistema que penaliza a sectores donde la mano de obra es poco estable e incentiva a los que huyen de los contratos basura. Siete sectores se verán afectados en una primera fase, entre ellos la restauración y la industria agroalimentaria, que representan un tercio de los contratos temporales y afecta a 2,4 millones de trabajadores.

El Ejecutivo espera que de aquí al final de la legislatura (2022) se reducirá entre 150.000 y 250.000 el número de parados y se ahorrarán unos 3.400 millones de euros en el periodo 2019-21. “Francia conserva uno de los regímenes más favorables de la OCDE”, ha asegurado Philippe.

Injusta y dura

Los sindicatos consideran la reforma “profundamente injusta” porque afectará al cien por cien de los parados y será “especialmente dura” para los más precarios, aquellos que alternan periodos de trabajo con meses en el paro. Las centrales sindicales son unánimes al denunciar el nuevo sistema que endurece las condiciones para cobrar la prestación.

En el terreno político, socialistas, comunistas y la izquierda de la Francia Insumisa también han criticado los planes del Gobierno, al que acusan de querer ahorrar a costa de los parados. Tampoco en la patronal aplauden la política punitiva hacia los contratos temporales. “Una medida ineficaz que desincentivará el empleo”, según el presidente de Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.