Una investigación periodística revela un montaje para inculpar a Lula

La defensa de Luiz Inacio Lula da  Silva celebra la filtración dada a conocer por The Intercept Brasil de mensajes de texto intercambiados entre Sergio Moro, entonces juez y en la actualidad ministro de Justicia, y el fiscal Deltan Dallagnol, en el marco de la causa Lava Jato. Con esa investigación se buscó entre otras cosas demoler la figura del expresidente brasileño Inácio Lula de Silva y llevarlo después a la cárcel para sacarlo de una carrera electoral que benefició a Jair Bolsonaro.

Las comunicaciones entre la parte acusadora y el magistrado no están permitidas por la Constitución y el Código Penal. Para los abogados, confirman una trama armada "con el objetivo preestablecido y con clara motivación política, de procesar y condenar" a Lula. "La actuación  de los fiscales y del exjuez de la causa sometió a Lula y su familia a las más diversas arbitrariedades, y a ese escenario hay que sumar varias otras groseras ilegalidades". En ese sentido, reclamaron el "restablecimiento urgente” de su libertad al quedar en evidencia de que el hombre que Gobernó Brasil y en 2018 se perfilaba como favorito en las encuestas fue víctima del 'lawfare' (guerra jurídica).

El artículo de Glenn Greenwald, uno de los periodistas que realizó en 2014 las investigaciones sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, muestran el papel protagonista de Moro, la subordinación del fiscal y el papel no menor del diario 'O Globo'. Cuando el diario carioca publicó una noticia en la que se le atribuía a Lula un apartamento, fruto de un presunto soborno, Dallangol le explica al juez a través de la aplicación Telegram cómo darle más peso a una información con indicios débiles. "Hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre (la petrolera estatal) Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua".

El grado de politización de Moro y Dallagnol y su rechazo al Partido de los Trabajadores (PT) se revela a su vez inequívoco en marzo del 2016 durante las protestas contra la entonces presidenta Dilma Rousseff.  Parte de los manifestantes que dos años más tarde votarían por Bolsonaro le pedían en las calles a Moro que "limpie" el Congreso. El fiscal halaga al juez. "Enhorabuena por el inmenso apoyo público hoy". El magistrado se congratula así mismo: "Aún desconfío mucho de nuestra capacidad institucional de limpiar el Congreso".

Las repercusiones

Las conversaciones divulgadas por The Intercept no tardaron en provocar remezones en Brasil. El diario paulista 'Folha' consideró que esos intercambios comprometen las posibilidades de Moro de ocupar un lugar en el Tribunal Supremo. "La tesis de un juicio fuera de la normalidad gana fuerza", señaló su columnista Celso Rocha Barros. Las revelaciones  Greenwald son "cosa seria y grande" y deben tener "efectos" en la escena política nacional. "Habrá presión política de todos lados, nadie puede predecir lo que va a suceder".

Para el portal de la revista Carta Capital, los mensajes documentan la ""obsesión" de un sector juidicial por impedir un tercer Gobierno de Lula así como "las parcialidades" de los responsables de conducir la mayor operación de la Policía Federal de la historia". Rousseff, quien fue destituida por el Congreso en 2016 con pruebas de corrupción aún más endebles, señaló en la noche del domingo que "los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula".

 Estado informó que la Policía Federal comenzó a investigar cómo llegaron los mensajes de Moro y el fiscal a The Intercept. Su primera hipótesis es la de unos hackers que entraron en los celulares. La publicación ha hablado de una "fuente anónima".

Moro acorralado

Moro se encuentra en el sexto mes de su gestión en problemas que pueden no tener retorno. La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) anunció que pedirá su alejamiento temporal del ministerio de Justicia ante la "gravedad de los hechos" y de lo que definió como una "posible relación de promiscuidad" en la conducción de acciones penales en el marco de la causa. Por su parte, el corregidor nacional del Ministerio Público, Orlando Rochadel, inició un proceso administrativo disciplinario contra Dallagno.

La bancada opositora de izquierdas en la Cámara de Diputados declaró que obstruirá todas las votaciones en el Congreso hasta que se tome una decisión con Moro. "El Gobierno brasileño tiene que entrar en esa investigación”, dijo Jandira Feghali y no descartó que ese sector impulse la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.

Por el momento, Bolsonaro se ha llamado a silencio. Su portavoz, el general Otávio Rêgo Barros, aseguró que no peligra el cargo del ministro. "Jamás fue tocado en ese asunto".