Derechos humanos
Un total de 57 presos mueren en varias reyertas en cuatro cárceles de Brasil
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
El horror volvió a asomarse en Brasil después de que las autoridades encontraran 42 presos muertos en cuatro cárceles de Manaos, capital del estado de Amazonas, en el noreste del país. El coronel Marcus Vinícius, secretario de Administración Penitenciaria, reveló que los fallecimientos en el Centro de Detención Provisional Masculina (CDPM 1), el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en la Unidad Prisionera del Puraquequara y en el Centro Penitenciario (CIP), fueron consecuencia de asfixias y perforaciones con cepillos de dientes."No hubo rebelión, sino una pelea entre los internos", aseguró el oficial. Los asesinatos fueron presenciados por familiares.
El pasado domingo perdieron la vida otros 15 presos en el Compaj por un episodio similar, lo que eleva a 57 el total de muertos. En ningno de los casos se informó de fugas o tomas de rehenes. "Tenemos un sistema de cámaras internas así que vamos a identificar a todos los que participaron en estos hechos", añadió Vinícius.
"Yo también pensé que iba a morir", dijo al diario paulista 'Folha' Aline Costa da Silva, esposa de Antonio Xavier da Silva Camargo, uno de esos reclusos muertos en el Compaj. Ella lo visitaba todos los fines de semana. El domingo entró a los ocho de la mañana. Tres horas más tardes, mientras se encontraba con su marido en la celda cuarta, empezaron a escuchar gritos al final del pasillo. "Voy a ver lo que es", le dijo él. Le pidió que no fuera. No lo vio más. María Clara Silva perdió a su hermano de 25 años en otras de las prisiones. Ni siquiera consiguió entrar para entregarle sus alimentos y frutas. "Le gustaban las peras". El joven, como tantos otros, purgaba una condena por tráfico de droga.
Se trata del primer desastre carcelario al que hace frente el Gobierno de ultraderecha. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que conduce el exjuez Sergio Moro anunció la intervención de los centros a demanda del gobernador Wilson Lima (PSC). Compaj está asociado al espanto desde el 2017 cuando murieron 56 internos por una disputa entre grupos rivales. Las primeras especulaciones sobre lo ocurrido en las últimas horas vuelven a relacionar a las facciones criminales que intentan dominar la vida dentro de las cárceles. A lo largo de aquel 2017, las masacres y enfrentamientos en las cárceles de todo Brasil terminaron con 126 decesos.
Superpoblación carcelaria
"Vamos a abarrotar la cárcel de bandidos. ¿Está mal? Yo prefiero la cárcel repleta de bandidos a un cementerio lleno de inocentes", aseguró Jair Bolsonaro durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Según cifras del 2016, Brasil cuenta con la tercera mayor población de presos del mundo: entonces eran 726.712 internos. Los especialistas en cuestiones de seguridad no dudan en considerar esas cifras sobrepasadas por una realidad marcada por presidios anacrónicos en donde impera el hacinamiento y que son gestionados con bajo presupuesto como consecuencia del ajuste estatal.
El otro gran problema tiene que ver con que la mitad de los detenidos carece de condena firme. Marcos Fuchs, director de la oenegé Conectas estima que el 75% de las unidades penitenciarias son manejadas por el crimen organizado. En el 2017, el Ejército decomisó en 31 prisiones un total de 10.882 armas, lo que equivale a una por cada dos reclusos.
Desde hace décadas que las cárceles brasileñas son asociadas a un infierno. El punto de inflexión se conoció en octubre de 1992. Aquella primavera paulista estuvo marcada por la masacre de Carandiru. Una revuelta masiva concluyó con la muerte de 111 reclusos por parte de la Policía Militar del Estado. El nombre de Carandiru está asociado desde entonces a la violación de derechos humanos más grande en la historia de Brasil.
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