Duque se enfrenta a la justicia colombiana por la liberación de un exguerrillero de las FARC

El presidente colombiano, Iván Duque, resolvió salirle al paso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido del acuerdo entre las FARC y el Estado para ponerle fin al conflicto armado. Sus integrantes ordenaron la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, uno de los ex jefes de las FARC y participante de las negociaciones de paz en La Habana, y el mandatario no ocultó su fastidio.

Santrich es reclamado por la justicia norteamericana por presuntos delitos de narcotráfico. Su liberación provocó un fuerte cimbronazo político, especialmente en los sectores que todavía rechazan los acuerdos de 2016 y, en especial, los alcances de la justicia transicional. Una de las consecuencias inmediatas de ese malestar fue la dimisión con carácter "irrevocable" del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

 Duque reaccionó con extrema rapidez frente a la renuncia de una de sus espadas. "El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias 'Jesús Santrich'", dijo en la noche del miércoles en cadena nacional.

Duque, el delfín de Álvaro Uribe, verdadero líder de la derecha colombiana, se comprometió ante la sociedad a preservar "por encima de todo la solidez institucional" y, por eso, convocó a los partidos políticos a aprobar las reformas "que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, fortaleciendo la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales".

La JEP había anunciado no avalaba el envío de Santrich a Estados Unidos porque el Departamento de Justicia de  Estados Unidos  "no remitió las evidencias solicitadas" por la ese tribunal.  Para  Martínez, de manifiesta aversión a los acuerdos de 2016 y sospechado de tener conflicto de intereses en las investigaciones sobre las actividades de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, las pruebas que había aportado Washington eran "concluyentes".

Petición de libertad

Fuerza alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido heredero de la insurgencia, reclamó la inmediata libertad de uno de sus referentes. El senador Pablo Catatumbo pidió que se respete el dictamen de la JEP.  "Estamos en un país absolutamente absurdo donde una jurisdicción especial, un juez de la república declara la libertad de un preso y el Fiscal General de la Nación que está obligado a cumplir las leyes renuncia".  Benedicto González, de la misma formación política, calificó a  Santrich de prisionero político. 

 "Ustedes saben que los procesos de este tipo tienen un término de 120 días. Santrich lleva más de 400 días en la cárcel. Se han hecho suficientes artimañas para evitar que se lleve a cabo la decisión de la JEP. Quiero hacerles una pregunta al presidente Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez: ¿Están en disposición de acatar la decisión de la JEP o los términos del fiscal para desafiar su soberanía jurídica?"!.

Arrestado en una cárcel de seguridad,  Santrich ha asegurado ser víctima de un "montaje judicial". Su detención arrojó un manto de dudas sobre las posibilidades de convertir la letra de los acuerdos de paz en una realidad política.  Pero la fiscalía opina que Santrich realizaba actividades ilegales inmediatamente después de la finalización formal del conflicto armado, con lo que no puede ser alcanzado por los beneficios de la justicia transicional.

NUEVOS ASESINATOS

El caso Santrich dejó en un segundo plano el asesinato de Jorge Enrique Corredor, alias Saavedra, uno de los exintegrantes de la guerrilla, por desconocidos que le dispararon desde una motocicleta en la sureña localidad de Tuluá. La FARC exigió a Duque que cumpla con lo pactado entre la insurgencia y su antecesor Juan Manuel Santos para garantizar la vida de quienes dejaron las armas en 2016. Desde entonces, 115 ex miembros de la guerrilla corrieron la misma suerte.