Trump cambia las reglas para dificultar el derecho al asilo

Donald Trump ha dado 90 días a su Administración para que ponga en marcha cambios profundos en el sistema que regula el derecho al asilo en Estados Unidos. En un nuevo intento de restringir la llegada de extranjeros al país, la carta principal utilizada por el presidente para movilizar a sus bases de cara a las elecciones del 2020, Trump ha enviado un memorando al Departamento de Seguridad Interior con una lista de medidas para responder al "abuso rampante" del sistema de asilo, según sus propias palabras. Las medidas incluyen el pago de una tasa como condición para solicitar el asilo, así como la prohibición para que los refugiados puedan obtener permisos temporales de trabajo mientras su estatus se decide en los tribunales. También pretende recortar el tiempo que los jueces tardan en decidir sobre las solicitudes. 

Trump está empeñado en reformar completamente el sistema a pesar de la firme oposición a sus políticas de la bancada demócrata en el Congreso. En las últimas semanas ha purgado el Departamento de Seguridad Interior, encargado de implementar la política migratoria, deshaciéndose de los altos cargos a los que consideraba poco leales a sus medidas de mano dura. La remodelación del departamento ha ido acompañada de directivas para tratar de reducir el número de inmigrantes que se quedan en el país una vez han expirado sus visados o para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se deciden en los tribunales. 

Las nuevas propuestas han generado las protestas de los demócratas y las organizaciones de derechos humanos. Entre otras cosas, argumentan que los refugiados que huyen de la persecución en sus países de origen por motivos políticos, religiosos o étnicos raramente cuentan con recursos para pagar las cuotas que Trump pretende imponer o los servicios de un abogado. También hay dudas de que el sistema inmigratorio, donde hay más de 800.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución, esté preparado para despachar cada caso en un máximo de 180 días, como pretende el presidente.