Justicia peruana
La justicia peruana dicta 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Kuczynski
En el caso de su secretaria personal, Gloria Kisic; y su chofer, José Luis Bernaola, se desestimó el pedido de prisión preventiva
El Poder Judicial de Perú dictó prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un plazo de 36 meses, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado el marco de la investigación por el caso Odebrecht.
El ex mandatario recibió la noticia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Angloamericana donde se encuentra internado desde el miércoles debido a la presión arterial alta.
La medida fue tomada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Jorge Chávez Tamariz, señala que la investigación por lavado de activos se agrava por la presunta pertenencia a una organización criminal, informó la agencia Andina
"Se declara fundada la prisión preventiva por el plazo de 36 meses en contra de Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, debiéndose oficiar a la Policía Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que se cumpla lo ordenado por la presente resolución", indicó el magistrado.
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordena 36 meses de prisión preventiva para expresidente Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal.
En el caso de su secretaria personal, Gloria Kisic; y su chofer, José Luis Bernaola, se desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público, pero se dictó comparecencia restringida.
Asimismo, se le impuso reglas de conducta como la caución de 20,000 soles que deberá pagar en un plazo de 10 días de emitida la presente resolución y la prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin orden judicial.
Además, estableció el control biométrico cada 30 días ante la secretaría del Juzgado de Investigación Preparatoria, así como prohibición de comunicarse con sus coprocesados; y comparecer ante los llamados que realice la autoridad fiscal y judicial.
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