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DERECHOS HUMANOS

La pena de muerte registra el mayor descenso de la última década

Las ejecuciones se redujeron en un 31% el año pasado, según Amnistía Internacional

EEUU, Japón, Bielorrusia y Singapur, entre las excepciones donde hubo un incremento

El Periódico

El ciudadano hispanoestadounidense Pablo Ibar, durante una audiencia en el Tribunal Estatal de Florida, que le juzga como presunto autor de un triple asesinato. 

El ciudadano hispanoestadounidense Pablo Ibar, durante una audiencia en el Tribunal Estatal de Florida, que le juzga como presunto autor de un triple asesinato.  / GIORGIO VIERA (EFE)

Las ejecuciones se redujeron prácticamente en una tercera parte durante el año pasado, según el informe anual que elabora Amnistía Internacional. La cifra supone el registro más bajo de los últimos 10 años en lo que se refiere a la pena de muerte. Las estadísticas, no obstante, no incluyen las sentencias de muerte en China, cuyas cifras siguen catalogadas como secretos de Estado, si bien se presume que alcanzan varios miles de casos. Tampoco contribuyen a la mejora de los registros un pequeño grupo de países en los que las ejecuciones se han incrementado, a los que hay que sumar los estados que han decidido añadirse a tan macabra causa.

"Este drástico descenso demuestra que, incluso en los países más insospechados, están comenzado a cambiar sus prácticas y darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución", ha expuesto el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo. Entre esos estados figura Irán, que experimentó una caída del 50% "coincidiendo con la reforma de su legislación antidrogas", según el análisis, que también destaca los casos de Irak, Pakistán y Somalia. En consecuencia, las ejecuciones oficialmente identificadas pasaron de las 993 en el 2017 a las 690 (como mínimo) del año pasado.

"Es una señal esperanzadora que indica que es solo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado en un rincón de la Historia, que es donde debe estar", ha subrayado Naidoo. Sus palabras encuentran coartada ante la constatación de que se están empleando medidas efectivas para poner fin a este tipo de castigo. El informe destaca los casos de Burkina Faso, que el pasado junio abolió la pena capital a través de su Código Penal, así como Gambia y Malasia, "que declararon sendas moratorias", y también del estado de Washington, que declaró inconstitucional la pena de muerte.

También se constató esta dinámica el pasado diciembre, en la Asamblea General de la ONU, en la que 121 países votaron a favor de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo, frente a los 35 miembros que se posicionaron en contra, un balance tan esperanzador como inédito. A finales del año pasado, 106 países abolieron por ley la pena de muerte para todos los delitos y 142 la habían erradicado por ley o a efectos prácticos, según establece el análisis

Retos pendientes

Sin embargo, el informe también destaca los retos que quedan pendientes en países que han enfilado la senda de las ejecuciones para aplacar justicia entre su población. Es el caso de Tailandia, que aplica la pena capital desde el 2009, y de Sri Lanka, que incluso ha publicado anuncios de empleo para verdugos después de que su presidente, Maithripala Sirisena, expusiera su voluntad de reanudar las ejecuciones de pena de muerte tras una pausa de cuatro décadas.

A estos países hay que sumar otros en los que esta práctica está implantada desde hace muchos años, como Bielorrusia, EEUU, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Estos tres últimos países registraron los niveles más altos de ejecuciones. Sin embargo, China, con miles de casos, continuó siendo el principal Estado ejecutor, por delante de Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Irak (al menos 52). A pesar de todo, Naidoo deja claro que el reto sigue siendo mayúsculo: "Más de 19.000 personas se consumen a día de hoy en el corredor de la muerte. La lucha está lejos de acabar".

Tres españoles bajo amenaza

El informe de Amnistía Internacional  destaca la existencia de tres españoles bajo la amenaza de una sentencia a muerte. El caso más conocido es el de Pablo Ibar, que pasó 16 años en el corredor de la muerte hasta que el Tribunal Supremo anuló la condena en el 2016. El pasado octubre, tras celebrarse un nuevo juicio, se le declaró de nuevo culpable y se prevé conocer la sentencia el próximo mayo, sin que se pueda descartar que se le condene a muerte nuevamente.

Artur Segarra fue condenado a la pena capital en Tailandia al declararle culpable de asesinar al también español David Bernat. Y en Egipto, Ahmed el Saadany Ghaly, que cuenta con la nacionalidad española, también está condenado a muerte por el asesinato de su cuñado en el 2016. Amnistía Internacional ha recibido información conforme Ghaly no dispuso de abogado durante el proceso y recibió amenazas de que su familia sería torturada si no se declaraba culpable. Su mujer y su hermano fueron golpeados en su presencia. Ante estos hechos, su abogado ha recurrido la sentencia y se está a la espera de la resolución del tribunal.