Madres mexicanas en busca de sus 'tesoros'

Clavan una varilla metálica a dos metros de profundidad. Si al sacarla la punta emana cierto hedor, significa que ahí hay un cuerpo enterrado. O un tesoro, como prefiere llamar Rosalía Castro a los cadáveres. Su hijo Roberto Carlos desapareció el 24 de diciembre del 2011 en una carretera de Veracruz, región tildada por un fiscal como "una gran fosa clandestina", víctimas de los narcos y el crimen organizado que azotan al país.

Rosalía se echa crema solar por el rostro varias veces, aunque el cielo está nublado. Su nervioso ritual antes de iniciar un día más de una búsqueda con sentimientos enfrentados: "Quieres encontrar a tu hijo, pero no en una bolsa. A la vez te da tristeza y alegría de pensar que un tesoro más volverá a casa y una familia tendrá paz".

Hace tres años formó junto a otras madres el Colectivo Solecito en Veracruz, el estado mexicano con más fosas comunes, 332, tal y como apunta el informe periodístico A dónde van los desaparecidos. En el 2016 el colectivo localizó 283 cráneos, el mayor hallazgo a nivel nacional. Los desaparecidos en Veracruz son incontables: 20.000, según organizaciones civiles; unos 5.000, según las carpetas de denuncias que acumula la Fiscalía.

A diario un grupo de unas siete madres escarba en un monte cercano, Colinas de Santa Fe, donde por información de un narcotraficante preso se presume que arrojaron muchos de los cuerpos. Rosalía ofreció la casa de su hijo desaparecido como base del colectivo. Desde las ocho de la mañana reúnen antídotos contra serpientes y cuerdas para remolcar vehículos, entre otros utensilios, antes de iniciar una nueva jornada de siete horas. "Hay semanas que no encontramos nada, el último tesoro fue a mediados de diciembre", cuenta Rosalía, de 64 años, sobre una tarea extenuante por rudimentaria.

Inacción de gobiernos anteriores

En tres años han localizado más de 22.000 restos óseos y 294 cuerpos, pero la Fiscalía apenas ha identificado 19 de ellos. "Es un porcentaje demasiado bajo, debería agilizarse el proceso", insta uno de los arqueólogos voluntarios, Carlos Martínez, quien considera que esa falta de diligencia de la justicia se debe a que el crimen organizado solía actuar en connivencia con la fuerza pública, como denuncian numerosas entidades de Derechos Humanos. A ello se suma una descomunal impunidad: menos del 2% de los casos de desaparición obtienen sentencia.

"Dada la cantidad de restos, no tenemos capacidad de darles identidad y dignidad", reconoce a EL PERIÓDICO Mayra Ledesma, responsable de Derechos Humanos de la nueva Administración de Veracruz, que declaró la situación como emergencia nacional para lograr apoyo técnico y económico internacional.

El reciente cambio de los gobiernos federal y estatal, ambos del partido izquierdista encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abre un atisbo de esperanza para los familiares. La Administración de Veracruz destinará 6,5 millones de euros para atender la problemática, menos de la mitad de lo prometido. Aun así, para los colectivos de víctimas la visibilización y la creación de comisiones de búsqueda suponen pasos importantes.

"La Fiscalía general ya no tiene nada que ver, sino que es el fiscal quien lleva nuestro caso. Esto acorta los tiempos, por ejemplo, para solicitar los permisos de excavación en diferentes terrenos", asegura Rosalía sobre uno de los principales obstáculos que afrontan estas madres. Tanto el Gobierno federal como el estatal han emitido disculpas públicas ante algunos episodios de desaparición. Sin embargo, Rosalía lo valora como "oportunismo político y una burla a las familias si luego la investigación no se cierra con condena".

La camioneta del Colectivo Solecito llega al vertedero donde han trabajado sin éxito durante la última semana. Sin embargo, hoy deben cancelar sus actividades por falta de seguridad. Casi todos los efectivos de la policía estatal participan en un amplio operativo después de que esa madrugada medio centenar de narcotraficantes tendieran una emboscada en varias comandancias policiales cercanas, con un saldo de cinco muertos. "Lo primero es nuestra vida, si no ¿quién buscará a nuestros hijos? Aquí es un punto perfecto para que nos ataquen", justifica Rosalía señalando hacia la montaña de basura.

Un amor frente a las amenazas

La mayoría de los familiares de desaparecidos han recibido amenazas de muerte por indagar sobre sus seres queridos. De ese arriesgada rastreo y del dolor nació el amor entre Victoria Delgadillo y Carlos Saldaña. Ambos perdieron a dos de sus hijas con menos de 24 horas de diferencia. "Ha sido mi hombro para sentirme protegida, sin miedo ante lo que puedan hacernos", dice Vicky. Al comienzo las propias autoridades trataron de atemorizarla con advertencias como Te vas a arrepentir por buscarla. Luego siguieron innumerables mensajes al móvil: Dejen de rascar porque acabarás como ella, entre algunas de las intimidaciones.

Su hija Citlally desapareció el 28 de noviembre de 2011 junto a otras trece jóvenes y un chico. Esa noche trabajaban en un evento de funcionarios de la Administración en Actopan, Veracruz. "Estuvieron en un lugar donde vieron algo que no tuvieron que ver, se enteraron de cosas entre gente del Gobierno y los narcos", baraja Vicky como una de las hipótesis del crimen. Citlally tenía dos hijos entonces de cuatro y ocho años, que su abuela tuvo que criar mientras sacaba fuerzas para encontrar a su hija. "Mi ira la vuelco ante las autoridades, pero los niños no. Ellos no saben liberar el sufrimiento", relata Vicky.

En esa búsqueda desesperada conoció a Carlos, que también asistía a las reuniones del colectivo de familiares de desaparecidos. Sus hijos Karla y Jesús nunca regresaron tras haber salido juntos por los bares de Xalapa. Su vehículo fue hallado dos días después en manos de un policía fuera de servicio. Desde ese momento la vida de Carlos se cayó a pedazos. Entregado a dar con alguna pista sobre su paradero, sufrió una pancreatitis biliar por el estrés que casi le causa la muerte, su pareja le abandonó y su familia se alejó de él.

"Mis hermanos y mis otras hijas me pidieron que dejara de buscar porque los ponía en riesgo. Les dije que me borraran de sus vidas", afirma. Fue entonces cuando apareció Vicky. "Compartir ese dolor te da un alivio. Ese apoyo nos unió". Empezaron a trabajar juntos, pues sus casos se relacionan mucho por las fechas, y desde hace cuatro años viven bajo el mismo techo.

Carlos saca una pila de documentos que ha recabado en ocho años junto a otros tantos gigas de archivos. "Por parte de la Fiscalía no hay avances. Lo que tienen es lo que hemos aportado nosotros, convertidos en investigadores", suspira. Mientras, de vez en cuando Vicky echa un vistazo a la pantalla del televisor que conecta con las tres cámaras de seguridad de su vivienda.