El terrorista de Nueva Zelanda se enfrenta a 50 cargos de asesinato

El australiano Brenton Tarrant, autor del atentado terrorista de ultraderecha del pasado mes en Nueva Zelanda, ha sido imputado con 50 cargos de asesinato, uno por cada víctima mortal, y otros 39 de tentativa de asesinato, un día antes de que el acusado comparezca ante un tribunal. El ataque contra <strong>dos mezquitas</strong> de la localidad de Christchurch dejó 50 muertos y decenas de heridos.

Las acusaciones han sido anunciadas por la policía neozelandesa, que en su cuenta de Twitter, ha escrito que "otros cargos aún están bajo consideración" sin dar más detalles "debido a que el caso está en los tribunales".

Tarrant comparecerá por vídeo conferencia desde la prisión ante el Tribunal Superior de Christchurch, ciudad de la Isla Sur neozelandesa donde cometió la masacre el pasado 15 de marzo. El acusado asaltó las mezquitas de Al Noor y Linwood de esta ciudad y disparó a quemarropa con<strong> armas automáticas</strong> a los feligreses que realizaban la tradicional oración de los viernes mientras lo retransmitía en directo a través de <strong>Facebook</strong>.

En la vista se abordarán asuntos administrativos y de procedimiento entre el juez Cameron Mander, los abogados, el acusado, el personal de seguridad y los agentes de la Policía a cargo del caso. El magistrado ha adelantado que considera que la sesión será "relativamente corta" porque principalmente se referirá a la representación legal de Tarrant, quien en esta ocasión no estará obligado a declararse inocente o culpable de los cargos que se le imputan.

Ley de Supresión Terrorista

La fiscalía buscaría porcesarle bajo la Ley de Supresión Terrorista, introducida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según informó el diario New Zealand Herald, pero para ello necesitará el consentimiento de la Abogacía del Estado. La sección cinco de esta ley define que un acto terrorista es aquel que intenta causar la muerte o destrucción en uno o más países, que se lleva a cabo con el propósito de promover una causa ideológica, política o religiosa, y con la intención de inducir el terror en una población civil o obligar a un Gobierno a actuar.

<strong>Tarrant</strong>, de 28 años, comparecerá por segunda vez ante un juez después de que el día siguiente de la masacre fuera llevado al tribunal de distrito de Christchurch, donde fue imputado con un cargo de asesinato. En esa vista, el acusado despidió al abogado de oficio que se le había asignado y declaró su intención de defenderse por su cuenta.

El letrado, Richard Peters, ha asegurado que Tarrant no mostró ningún tipo de arrepentimiento y que no le pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista que, según ha apuntado, el acusado podría buscar difundir utilizando el juicio como altavoz.

Tarrant, quien tiene entre sus referentes al noruego Anders Breivik, el extremista de ultraderecha que mató en su país a 77 personas en 2011 y que desafió al tribunal haciendo saludos nazi, se encuentra confinado en una celda solitaria en el ala de alta seguridad de la prisión de Paremoremo, en Auckland.

"Constante observavión y aislamiento"

Una fuente de los servicios penitenciarios manifestó al portal de noticias Stuff que Tarrant, a quien la primera ministra <strong>Jacinda Arden</strong> se niega a llamar por su nombre para no darle notoriedad, se ha quejado de que se le deniega el acceso a visitas y a llamadas telefónicas. "Está bajo constante observación y aislamiento. No tiene los derechos mínimos usuales. No tiene llamadas telefónicas ni visitas", ha declarado el funcionario al asegurar que el caso se gestiona de acuerdo con la Ley Penitenciaria.

Tras el ataque, Nueva Zelanda se plantea una reforma de la ley de armas para evitar que se repita una nueva masacre, así como medidas contra las difusión de mensajes de odio en las redes sociales. Australia, por su lado, acaba de enmarndar sus leyes para encarcelar a los directivos de las redes sociales que no retiren el material con contenidos violentos y multas de hasta el 10% de la facturación anual, entre otros.