España defiende a Cuba de sanciones y medidas de embargo de los EEUU

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, transmitió  a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, su rechazo a la activación de una medida legal que endurezca el embargo a Cuba y permita reclamar ante tribunales de EEUU propiedades en la isla que fueron expropiadas hace 60 años.

En declaraciones a la prensa tras su reunión con Pompeo en el Departamento de Estado, Borrell dijo que había reiterado la oposición de España a la activación del título III de la ley Helms-Burton, suspendido desde su creación en 1996 y al que tradicionalmente se ha opuesto la Unión Europea (UE), incluida España.

La ley Helms-Burton amenaza a las empresas españolas en Cuba

La ley Helms-Burton

"Hemos hablado de cuestiones importantes, hemos conversado sobre la posibilidad de que se aplicara el artículo 3 de la ley Burton a Cuba y ya sabe EEUU que en eso, estaríamos radicalmente en desacuerdo, los europeos y España en particular", manifestó el titular español de Exteriores.

El título III de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante tribunales de EEUU a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba y que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro.

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EEUU cada seis meses, de forma que nunca ha llegado a entrar en vigor por completo. Sin embargo en enero, cuando tocaba renovar esa suspensión, el Gobierno del presidente Donald Trump disparó todas las alarmas al hacerlo solo durante 45 días y posteriormente en marzo, volvió a renovar dicha suspensión durante 30 días, una medida que expira el 17 de abril.

Empresas españolas en Cuba

A pesar de mantener la suspensión, el Gobierno estadounidense tomó una importante decisión con respecto al título III: en marzo por primera vez en la historia estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a compañías cubanas, aunque las extranjeras seguían exentas.

Borrell explicó que España se opone a la medida por una "cuestión de principios", pero también porque podría perjudicar a empresas españolas, por ejemplo en el sector turístico. En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.