Bachelet acusa a Maduro de no reconocer la gravedad de la crisis

Nicolás Maduro no había terminado de asimilar la última advertencia conjunta de Donald Trump y Jair Bolsonaro cuando llegaron las críticas lapidarias de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La exmandataria chilena ha asegurado que el Gobierno bolivariano no reconoce la “magnitud y la gravedad” de la crisis que atraviesa Venezuela, criminaliza la protesta y restringe la libertad de expresión. Para la dirigente socialista la solución del conflicto venezolano reclama “un acuerdo común” que involucre a “todas las partes interesadas”. El Gobierno, ha señalado, debe tomar medidas “para demostrar su compromiso real” con esa eventual salida consensuada. A la vez, Bachelet ha llamado la atención por el impacto social de las sanciones de la Administración Trump.

El texto se conoce en el marco de las tareas preparatorias de su visita a Caracas que realizó una misión técnica. La alta comisionada ha reclamado  a las autoridades un acceso "sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con ellos".  Para Bachelet, el “disfrute de los derechos económicos y sociales ha seguido deteriorándose dramáticamente desde junio del 2018”, cuando se conoció el último informe de su oficina sobre Venezuela. El impacto de la debacle impacta de manera especial en niños, mujeres embarazadas, ancianos y pueblos originarios.

Para la alta comisionada, el reciente apagón eléctrico de cuatro días no hizo más que profundizar los problemas. El pre informe hace referencia al deterioro del sistema de salud y la propagación de enfermedades infecciosas que estaban bajo control. Bachelet glosa una encuesta según la cual más de un millón de niños ya no asisten a la escuela, “principalmente debido al hecho de que los padres no pueden alimentar a sus hijos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación de las escuelas y la falta de transporte público asequible, así como la ausencia de docentes y profesionales afines, muchos de los cuales han salido del país”.

Represión

Los mecanismos de represión estatal fueron también escrutados por la oficina de la ONU, que ha documentado “numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales [los llamados colectivos armados], incluido el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones”. El texto alude a su vez a “posibles ejecuciones extrajudiciales” que no fueron investigadas por la fiscalía.

Bachelet ha manifestado también su inquietud por “el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, y las acusaciones de que las autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio, adoptada en noviembre del 2017, para procesar a periodistas, líderes de la oposición y cualquier persona que exprese opiniones disidentes”. El texto no podía dejar al margen el problema del éxodo. “Muchos se van en salud precaria y con pocos o ningún recurso financiero; sus dificultades se ven agravadas por las antiguas prácticas de extorsión y apropiación por parte de algunos guardias fronterizos. Los venezolanos también enfrentan enormes obstáculos para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países”.