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ATENTADO TERRORISTA

El gobierno neozelandés acuerda la limitación de venta de armas

La propuesta se ha iniciado tras el atentado terrorista contra dos mezquitas en Christchurch que ha dejado 49 muertos

Hay registradas 1,2 millones de armas sobre una población de 4,8 millones en Nueva Zelanda

Adrián Foncillas

Miles de personas participan en una vigilia en recuerdo a los fallecidos en el ataque en Christchurch. / MARTY MELVILLE (AFP / VÍDEO: EFE)

El gobierno neozelandés endurecerá la legislación de armas. Lo ha anunciado esta mañana su primera ministra, Jacinta Arden, tres días después de que un supremacista australiano matara a 50 musulmanes en dos mezquitas. “Hemos tomado una decisión, estamos completamente unidos en esto”, ha dicho tras la reunión de su gabinete.

Se esperaba que de ahí salieran medidas concretas pero la primera ministra pidió tiempo a los impacientes. Los detalles emergerán el próximo lunes. “Esto significa que diez días después de ese horrible acto de terrorismo anunciaremos reformas que harán nuestra más comunidad más segura”, ha señalado.

Una brisa abolicionista recorre un país que siempre había convivido sin demasiados problemas con su abundancia de armas. Coincide el gobierno, algunos partidos que las defendían, la policía y el grueso de la población. Todos ven en la matanza de Christchurch una ocasión pintiparada para cambiar el rumbo. A los apologistas, en contra de lo que ocurre tras tiroteos similares en Estados Unidos, no se les oye.

Restringir las armas automáticas

Brenton Tarrant, con su licencia en regla, había adquirido al menos cinco armas por internet. Dos de ellas son semiautomáticas, la categoría en el punto de mira legal. TradeMe, la mayor tienda de armas online de Nueva Zelanda, anunció horas antes de la comparecencia de Arden que las retiraba de su repertorio aludiendo al “claro cambio del sentimiento de la sociedad”. La moratoria se alargará hasta que se aclare el nuevo marco normativo, aclaró su director. Otra empresa, Gun City, reconoció que había vendido armas a Tarrant pero no eran con las que acudió a las mezquitas el viernes.

Uno de los objetivos gubernamentales es impedir que los usuarios conviertan sus rifles en armas semiautomáticas de inspiración militar. Basta con cambiar el tambor para incrementar su capacidad letal y no hay leyes actuales que lo prohíban. Fue, probablemente, lo que hizo Tarrant.

Las tres iniciativas en los últimos 15 años para limitar su venta se habían estrellado contra el peso del lobby armamentista, la tradición de caza y la presunta necesidad de defenderse en las provincias rurales. El viento ha cambiado. El partido Nueva Zelanda First, tradicional bastión del lobby, no se opondrá. Lo ha resumido Winston Peters, vice primer ministro y miembro del partido: “Nuestro mundo ha cambiado para siempre y también lo harán nuestras leyes”.

También la Asociación de Policía aplaudió la inminente prohibición que finiquitará una peligrosa paradoja: los agentes patrullan desarmados en un país con sobreabundancia de armas. “Es repugnante que haya tenido que ocurrir este horrible atentado para ser conscientes de nuestra vulnerabilidad”, ha afirmado su presidente, Chris Cahill.

Entrega de armas a la policía

Nueva Zelanda cuenta con 1,5 millones de armas registradas sobre una población de más de cuatro millones, según un estudio del pasado año. Bastan 16 años de edad, un historial criminal limpio y un sucinto cursillo de seguridad para conseguir una licencia que no establece límites en el número de armas ni obliga a su poseedor a registrarlas.

Esta mañana abundaban en las redes los neozelandeses que acudían a las comisarías para entregar sus armas después de que la primera ministra les animara. John Hart, un ganadero de Wairarapa, lo explicaba en Twitter tras firmar el documento. “Hasta hoy yo era uno de los neozelandeses que tenían un rifle semiautomático. En la granja son un instrumento útil en algunas circunstancias pero mi conveniencia no es más grande que el riesgo de un mal uso. No las necesitamos en nuestro país”. Otro aclaraba que la entrega del arma que había poseído durante 31 años había sido “una de las decisiones más fáciles” de su vida.

Tarrant es el único detenido por la autoría de la masacre. Un joven de 18 años ha sido imputado por distribuir por la red las imágenes grabadas por el atacante y por haber publicado la semana previa contenido supremacista en el que señalaba las mezquitas como objetivos. El juez le ha denegado la libertad provisional. Otro hombre fue detenido por posesión de armas durante el cordón policial dispuesto tras el atentado. Ambos tienen una implicación tangencial, según la policía.