El Parlamento francés aprueba una polémica ley para poner coto a los 'chalecos amarillos'

El Parlamento francés ha aprobado una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas. La normativa se enmarca en el contexto de las protestas de los chalecos amarillos, que llevan meses movilizándose en contra de la política del presidente Emmanuel Macron. 

El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).

Por otro lado, los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas se pronunciaron en contra, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado francés.

Aunque el Gobierno francés ha apoyado la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional -también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones- para "despejar todas las sospechas".

Una ley muy controvertida 

Uno de los puntos más polémicos se debe a que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen "una amenaza de particular gravedad para el orden público", con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.

Esta pena  va dirigida a quienes hayan cometido actos graves contra la integridad física de personas o "daños graves" contra bienes en manifestaciones precedentes. Además, las fuerzas del orden podrán llevar a cabo, si lo solicita la Fiscalía, registros de bolsos y vehículos donde se organicen manifestaciones o en los alrededores para buscar armas u objetos que pudieran servir para causar daños.

Aquellos que oculten voluntariamente su cara en una manifestación para no ser identificados, salvo que puedan alegar un "motivo legítimo", serán susceptibles de ser condenados a un año de cárcel y 15.000 euros de multa. Las personas a las que se prohíba acudir a manifestaciones serán inscritas en el fichero de personas buscadas por las fuerzas del orden.

En su origen, esta ley surgió de una proposición legislativa de Los Republicanos, el gran partido de la derecha, e iba dirigida contra grupos como los "black blocs", los encapuchados de negro que alientan la violencia en las manifestaciones.

El Gobierno se sumó a esta iniciativa el pasado enero, tras varias semanas de acciones de los chalecos amarillos.