TENSIÓN EN EL PAÍS CARIBEÑO

El Parlamento de Venezuela declara el "estado de alarma" por la falta de luz

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Abel Gilbert

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A más de 80 horas del apagón que ennegreció a Venezuela, y cuando surgen desacuerdos sobre el número de víctimas mortales, Juan Guaidó se amparó en sus “atribuciones constitucionales como presidente encargado”, ya reconocidas por EEUU y otros 50 países, para pedirle al Congreso que decrete el estado de alarma en todo el país. La Asamblea Nacional (AN)  aprobó el decreto por unanimidad. Se espera, no obstante, que el Tribunal Supremo, aliado de Nicolás Maduro, lo invalide porque considera que el Parlamento comete desacato.

El texto remitido por Guaidó considera el estado de alarma como una “modalidad del estado de excepción”. La necesidad de su entrada en vigor obedece a “la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico”. El periodo se extenderá por un tiempo de 30 días y puede prorrogarse por otro mes. El decreto pide no enviar petróleo a Cuba para atender los problemas internos. Guaidó convocó a su vez a nuevas movilizaciones para este martes. “Se acerca a la vez una crisis del agua. Si nos detenemos, el sacrificio será en vano. En estos momentos duros es cuando se prueba esta sociedad. Hay que mantenerse firmes”, proclamó Guaidó.

Guerra de cifras

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición sacan conclusiones antagónicas sobre los efectos de la falta de luz desde el pasado viernes. El antimadurismo habla de más de 21 muertos en los hospitales y una ola de saqueos en supermercados. También niega que los problemas fueron consecuencia de un atentado. Por su parte, el oficialismo, redujo a dos las víctimas fatales en los centros sanitarios y descartó la existencia de enfrentamientos sociales por los cortes. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó de que la restitución de la normalidad de los servicios tiene por estas horas como prioridad el funcionamiento de los hospitales. A su vez, se buscará abastecer a la nación de agua a través de camiones cisternas y llevar a cabo el reparto de las cajas de alimentos básicos que llegan a millones de hogares.

En este contexto, llegó a Caracas una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los enviados deben preparar la visita de Michelle Bachelet.