Acusaciones graves
La Corte argentina ratifica la orden de arresto en contra de Cristina Fernández
La expresidenta enfrenta cargos por encubrir a los autores de un atentado en un centro judío realizado por miembros del gobierno de Irán
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Por qué confiar en El Periódico La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la orden de arresto y prisión preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de encubrir el atentado al centro judío AMIA en 1994, con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán.
El máximo tribunal de justicia rechazó los recursos de queja presentados por la exmandataria argentina (2007-2015) y el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, al considerar que no estaban dirigidos a una sentencia definitiva.
El dictamen confirmó la acusación del juez instructor de la causa, Claudio Bonadío, quien en 2017 señaló a Fernández por encubrir a miembros del gobierno de Irán que habrían sido los autores intelectuales del ataque explosivo a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 86 muertos.
Enfrenta seis causas en su contra
Bonadio decidió el procesamiento y la prisión preventiva, los cuales no se hicieron efectivos ante la negativa del Senado a debatir el desafuero de la exmandataria argentina. El caso se basa en un memorándum de entendimiento que el gobierno de Fernández firmó en 2013 con Irán para autorizar los interrogatorios de los funcionarios iraníes acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional emitidos por la justicia argentina, pero que Teherán se niega a entregar.
En marzo de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento de la actual senadora por supuesto encubrimiento agravado y por abuso de autoridad, por lo que Fernández y Parrilli recurrieron a la Corte Suprema de Justicia.
La expresidenta argentina enfrenta seis causas en su contra, incluido el del memorándum de entendimiento con Irán, el cual no entró en vigor, debido a que no fue ratificado por el parlamento iraní y después declarado inconstitucional por la justicia del país sudamericano.
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