Canadá aprueba el proceso de extradición de la vicepresidenta de Huawei

Canadá seguirá adelante con el proceso de extradición de la vicepresidenta de Huawei en un caso de potenciales efectos catastróficos en sus relaciones bilaterales con China y que también extiende su alcance a la guerra comercial que libran Pekín y Washington. Ottawa ha anunciado este sábado que su Departamento de Justicia ha autorizado el procedimiento para decidir si Meng Wanzhou será enviada a Estados Unidos. El comunicado oficial justifica que la investigación ha encontrado suficientes evidencias contra la hija del fundador del gigante tecnológico chino.

Meng fue detenida en diciembre en un aeropuerto canadiense cuando embarcaba hacia México por petición de la justicia estadounidense. Se enfrenta a una docena de cargos de fraude y conspiración por transferir equipos tecnológicos a Irán a través de filiales de Huawei en violación del embargo de Washington. El juez canadiense le impuso extremas medidas de vigilancia y una fianza de 7,5 millones de dólares. Meng no puede abandonar la capital, donde reside y posee mansiones en las que cumplirá el arresto domiciliario hasta el final del proceso. La acusada se presentará el 6 de marzo ante el tribunal para conocer la fecha del inicio de la fase oral.

Serán necesarios meses o más probablemente años para el desenlace porque se da por descontado que los abogados de Meng apelarán todas las decisiones del proceso. El caso terminará en las manos del ministro de Justicia, quien posee la potestad para denegar la extradición, y quien tendrá que elegir a cuál de las dos grandes potencias desaira.

Motivaciones

China, que denuncia motivaciones económicas y políticas en el caso Meng, no ha demorado su respuesta a Canadá y Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores ha lamentado "la obstinación canadiense en seguir adelante con ese presunto proceso judicial". Su comunicado reiteraba el perfil político del caso y exigía a Washington retirar los cargos para que Meng regrese "sana y salva" a China. Su embajada en Ottawa habló de "persecución política hacia una ciudadana china" y presentó el caso como una prueba de la independencia judicial canadiense. "Esperaremos y veremos", aclaraba.

La interpretación china no carece de base. Donald Trump, presidente estadounidense, afirmó en febrero que intervendría en el proceso si así beneficiaba a la seguridad nacional o servía para atornillar a China en la guerra comercial. Las matizaciones en los días posteriores sirvieron de poco. En esas declaraciones ve Pekín el corolario de las motivaciones espurias de Washington.

También a ellas se agarran los abogados de Meng. David Martin, al frente de la defensa, ha mostrado su decepción por la decisión de hoy "en vista de la naturaleza política de los cargos" y ha aludido a las repetidas ocasiones en las que Trump ha aireado su posible interferencia. También ha denunciado que los cargos estadounidenses no son punibles en el ordenamiento jurídico canadiense.

Desde China también se acusa a Washington de frenar con métodos torticeros el avance global de Huawei. La multinacional china es la segunda en ventas de teléfonos en el mundo y lidera la carrera del 5G, la tecnología que definirá el futuro. Estados Unidos ha convencido a sus aliados para que cierren la puerta a las redes chinas aludiendo a presuntas brechas en la seguridad nacional.

Delicado equilibrio

Son tiempos convulsos para la comunidad canadiense y sus negocios en China. Pekín ha aplicado la hoja de ruta contra los países que la ofenden. La prensa nacional ha prestado su altavoz a las propuestas de boicots y sus ciudadanos padecen los embates de un sistema de justicia sometido al Ejecutivo. Se desconoce qué ha sido de los canadienses <strong>Michael Spavor y Michael Kovrig </strong>desde que fueran detenidos por gaseosos cargos contra la seguridad nacional. Más tenebroso es el horizonte de Robert Lloyd Schellenberg, encarcelado por tráfico de drogas desde el 2015. Había sido sentenciado en noviembre a 15 años y, después de la detención de Meng, un tribunal de apelación le impuso la condena de muerte.

Canadá se está llevando las bofetadas chinas que corresponderían a Estados Unidos. El caso fuerza al Ejecutivo de Justin Trudeau a un equilibrio delicado. La crisis ya le ha costado el cargo al antiguo embajador en China por sus manifestaciones descuidadas. Es paradójico que Canadá insista en la naturaleza puramente legal del caso cuando solo el enjuague de Trump con China en el marco de la guerra comercial puede terminar con su pesadilla.