Trump se salta el Congreso para levantar su muro en el sur

Incapaz durante meses de obtener en el Congreso los fondos que reclamaba para blindar la frontera mexicana y cumplir con la promesa estrella de su campaña electoral, Donald Trump ha decidido resolver el problema a las bravas. En una ceremonia en el Rose Garden de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha declarado la emergencia nacional en la frontera para arrogarse la financiación que el poder legislativo le niega para construir el Muro. Trump lo ha justificado por la “crisis de seguridad y humanitaria” que supuestamente se vive a orillas del río Grande, a pesar de que la entrada de inmigrantes indocumentados está en una de las cifras más bajas de las últimas dos décadas. La maniobra cuenta con la oposición frontal de los demócratas y las dudas de numerosos republicanos. 

La controvertida declaración de emergencia, que con casi toda seguridad será impugnada en los tribunales y acabará en la mesa del Supremo, ha ido también acompañada de la aprobación de una ley presupuestaria para financiar la Administración federal hasta septiembre. Esa ley superó el jueves las dos cámaras del Congreso con un amplio apoyo bipartidista y servirá para evitar un nuevo cierre parcial de las instituciones, como el que Trump  forzó recientemente durante 35 días como arma de presión para obtener los fondos para el Muro. No lo consiguió. El nuevo presupuesto le da solo 1.400 millones para la barrera fronteriza, una cuarta parte de lo que reclamaba y el equivalente a 88 kilómetros de estacas metálicas. Objetivamente era un paso gradual hacia la consecución de su objetivo, pero el republicano ha preferido ningunear al Congreso para apropiarse 6.600 millones de dólares más y contentar a sus aliados más extremistas. El 59% de los estadounidenses se opone a la construcción del Muro, según las últimas encuestas.

“Vamos a hacer frente a la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera y no porque sea una de mis promesas electorales, que lo es”, dijo el presidente en la Casa Blanca. En contra de lo que dicen todas las estadísticas oficiales, Trump volvió a presentar una situación apocalíptica en las lindes con México. “Estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, traficantes de personas, criminales y pandilleros”. Cuando un periodista de la CNN le dijo que la entrada ilegal de inmigrantes está casi en mínimos históricos o que los indocumentados cometen menos crímenes que la población nativa, el presidente respondió atacando al periodista. “Tu pregunta es muy política, tú tienes una agenda, eres de la CNN, sois noticias falsas”. También negó que la gran mayoría de las drogas entren escondidas a través de las aduanas oficiales, como sostienen los datos de su propio Gobierno.

Los demócratas le han acusado de "manufacturar la crisis" para avanzar su agenda y violar la Constitución, que otorga al Congreso la autoridad sobre el gasto. “Esto es sencillamente un abuso de poder de un presidente decepcionado, que se ha saltado la ley para obtener lo que ha no ha logrado a través del proceso legislativo”, respondió el liderazgo demócrata en un comunicado. “El Congreso no puede permitir que el presidente haga añicos la Constitución”. No están solos en su denuncia de la maniobra presidencial. Varios republicanos afirmaron que “es un error” que bordea la legalidad y crea un "peligroso precedente” porque un demócrata podría hacer lo mismo en el futuro para regular las armas o financiar un plan masivo de energías renovables. 

Trump no es el primer presidente que se arroga poderes extraordinarios para declarar la emergencia nacional, regulada por una ley de 1976. De hecho, hay una treintena de estados de emergencia vigentes desde hace años, pero la gran mayoría se aprobaron para responder a crisis en el extranjero. Bloquean activos de instituciones o individuos en Irán, Sudán, Siria o Nicaragua. O restringen transacciones económicas o importaciones de Libia o Corea del Norte, según la recopilación del Brennan Center For Justice. Solo en dos ocasiones se ha utilizado para conseguir fondos sin la aprobación del Congreso, de acuerdo con la propia Casa Blanca. La primera vez fue en los prolegómenos de la primera Guerra del Golfo y la segunda tras los atentados terroristas del 11-S. 

Muchos expertos legales han cuestionado la maniobra de Trump, que se apropiará de 3.600 millones de dólares del presupuesto militar, de otros 2.500 millones dedicados a la lucha contra las drogas y de 600 millones del Tesoro para combatir el fraude. Al sumar esas cifras a las contempladas por la ley presupuestaria, son 8.000 millones en total. “Esto es una verdadera amenaza institucional para la separación de poderes”, ha dicho el profesor de la Universidad de Syracuse, William Banks. “Sienta un precedente al permitir que un presidente, sin que exista una verdadera emergencia, use esta herramienta para saltarse el proceso democrático normal y financiar sus propios proyectos”. 

Más duros han sido algunos editoriales. ‘The Washington Post” sostiene que Trump ha recurrido a “la misma técnica que utilizan los autócratas alrededor del mundo. No era eso lo que tenían en mente los padres de la Constitución cuando dieron al Congreso la potestad sobre el gasto”.