Bruselas alerta de los riesgos para la seguridad de los 'visados de oro'

La compra de permisos de residencia e incluso la obtención de la ciudadanía de un Estado miembro, previo pago de una suma de dinero, se ha convertido en un lucrativo negocio para algunos países de la Unión Europea. Pero esta práctica, que garantiza el acceso a la ciudadanía europea y de paso a la libre circulación dentro del mercado europeo, esconde riesgos importantes en términos de seguridad al facilitar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la corrupción por parte de grupos criminales en la UE.

La conclusión figura en el primer informe sobre los llamados “pasaportes y visados de oro” elaborado por la Comisión Europea que alerta de la falta de transparencia y de cooperación de los gobiernos europeos en este ámbito. “Las personas que obtienen la nacionalidad europea deben tener una conexión genuina con el Estado miembro concernido. Queremos más transparencia sobre cómo se conceden y más cooperación entre los Estados miembros. No debería haber puntos débiles en la UE porque la gente podría buscar el esquema más benévolo”, advierte la comisaria de Justicia, Vera Jourova, que considera que estos programas permiten “abrir una puerta de oro para unas personas privilegiadas que tienen de dinero".

Según el estudio del Ejecutivo comunitario, hay tres país en la UE –Malta, Chipre y Bulgaria- que disponen de esquemas mucho menos estrictos que el resto de Estados miembros a la hora de conceder la ciudadanía a las personas que invierten una determinada cantidad en el país. Por ejemplo, en ellos no existe la obligación de que el individuo resida físicamente en el país ni se exige el requisito de tener una “conexión genuina” para obtener la ciudadanía. Dicho de otra forma los inversores extranjeros pueden comprar un pasaporte, y el derecho a moverse por toda la Unión y ejercer cualquier tipo de actividad económica, tras un desembolso previo de entre 800.000 y dos millones de euros. Un privilegio legal, admite Bruselas, que esconde riesgos en materia de seguridad, de blanqueo de dinero, evasión fiscal o simplemente falta de transparencia.

En el caso de Bulgaria, el gobierno exige desde 2005 para conceder el pasaporte una inversión general de un millón de euros aunque las autoridades ya han anunciado su intención de poner fin al esquema. En Chipre, que introdujo el sistema en 2007, el montante asciende a los 2 millones de euros, incluida la compra de una vivienda mientras que en Malta, desde 2013, la contribución debe ser de mínimo 650.000 euros más una inversión de 150.000 en el mercado inmobiliario. En el caso concreto de Chipre y Malta se exigen inversiones adicionales para conceder la ciudadanía a miembros de la familia como esposa o hijos.

Visados de oro en 20 países

El informe también alerta de los riesgos que suscitan los llamados “visados de oro” o permisos de residencia que otorgan la posibilidad de residir en un Estado miembro en concreto pero que permiten a aquellos que los obtienen desplazarse con total libertad dentro del espacio Schengen durante un período de 90 días en un plazo de 180. Actualmente hay 20 países de la UE que tienen algún esquema de este tipo -Bulgaria, República checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido- que no están regulados a nivel europeo y cuya competencia es nacional.

Los requisitos para obtener los permisos de residencia por esta vía, que empezó a extenderse a raíz de la crisis económica de 2007, varían enormemente en función del Estado miembros en cuestión. Por ejemplo, oscilan entre una inversión exigida de 13.500 euros en Croacia y los más de 5 millones que se exigen en Luxemburgo en forma de inversiones de capital, en el sector inmobiliario, en la compra de bonos del estado, donaciones a actividades caritativas o contribuciones al presupuesto nacional.

A cambio los beneficiados obtienen permisos temporales de residencia que oscilan entre seis meses y los 10 años en Grecia si la inversión realizada por un inversor es considerada estratégica. En el caso de España, por ejemplo, se conceden permisos de seis meses por compra de vivienda cuando no se ha formalizado y de dos años para los pequeños inversores. En la mayoría de los países europeos el permite de residencia permanente se concede a los cinco años.

“No pretendemos culpar a ningún Estado miembro, pero sí lanzar un mensaje para que vigilen de cerca estos esquemas”, ha advertido el comisario de inmigración, Dimitris Avramopoulos poniendo el acento en la falta de información y transparencia. Y es que el Ejecutivo comunitario no sabe cuántos pasaportes y visados de oro se conceden cada año en la UE ya que el grueso de los países de la UE no transmite sus datos.  “Necesitamos urgentemente estadísticas  fiables”, añade el comisario griego. Según un reciente informe de Global Witness y Transparency Internacional, este tipo de programas han generado 25.000 millones de euros en la última décadas gracias a la venta de 6.000 pasaportes y casi 100.000 permisos de residencia.

Un grupo de expertos, el plan de Bruselas

La Comisión Europea reconoce que tiene las manos atadas y de ahí que su propuesta se limite a recomendar la creación de un grupo de expertos de los Estados miembros para hacer seguimiento del tema. “Como UE no tenemos posibilidades legales de prohibir estos esquemas pero no podemos no hacer nada”, insiste Jourova. Para el eurodiputado de IcV, Ernest Urtasun, sin embargo, la respuesta comunitaria es “decepcionante” porque “no se han atrevido a hacer un ejercicio de transparencia publicando la cantidad de visados concedidos país por país ni las cuantías de las inversiones realizadas”.

Transparencia Internacional cifró a finales de año en 24.800 visados los concedidos por España lo que situaría al país a la cabeza de la UE. “Se apunta a que estos esquemas son la puerta de entrada a grupos de crimen organizado y que se utilizan para el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude fiscal” pero “a la hora de las propuestas el informe se queda en simples recomendaciones a los Estados miembro eludiendo sus responsabilidades. Es cierto que los permisos de residencia y nacionalidad son competencia estatal, pero existen competencias comunitarias respecto el blanqueo de capitales e intercambio de información”, asegura.