El cierre parcial de la Administración extiende el caos en EEUU

El chef español José Andrés, nominado al premio Nobel de la Paz por prestar ayuda en lugares sacudidos por catástrofes naturales, ha abierto uno de sus comedores en Washington, a solo unas manzanas de la Casa Blanca. El primer día repartió 5.000 raciones entre empleados federales, parte de los 800.000 directamente afectados por el cierre parcial del gobierno, que empezó el 22 de diciembre, ya es el más largo de la historia de Estados Unidos y está extendiendo como una ola de lava sus efectos caóticos. “El mensaje es que esto no debería estar sucediendo en América”, decía el asturiano, que como muchos otros ciudadanos, empresarios y hasta corporaciones están dando una respuesta comunitaria de ayuda de emergencia a los funcionarios obligados a quedarse en casa sin cobrar o a trabajar sin sueldo. “Las cosas pueden ir mal por sí mismas sin necesidad de que el gobierno inflija heridas en la ciudadanía”.

No debería suceder pero sucede y la sangrante situación se está haciendo cada vez más evidente. Aunque los más afectados son esos empleados de nueve departamentos del gobierno y de varias agencias que no cobran, y sus familias, millones de estadounidenses están sintiendo también los efectos de un cierre que impide al gobierno realizar algunas de sus funciones básicas y confirma la polarización y disfuncionalidad política de Washington.

Desde que Donald Trump se cerró en banda a cualquier acuerdo presupuestario que no incluyera 5.700 millones de dólares para el muro en la frontera (que en su día prometió que pagaría México) el cierre parcial se hizo inevitable. Las negociaciones con los demócratas, que controlan desde el 3 de enero la Cámara de Representantes, están bloqueadas. El presidente y Nancy Pelosi, la líder demócrata en esa cámara, han escalado su guerra política en los últimos días, con Pelosi pidiendo a Trump que retrase el discurso del Estado de la Unión y el presidente vengándose posponiendo un viaje de Pelosi a Afganistán y Bruselas. Y aunque Trump realizó una oferta el sábado, murió antes de nacer por el rechazo demócrata, y el domingo lo único que ha habido es otra ronda de insultos del presidente a la presidenta de la Cámara Baja en Twitter.

La situación

Los trabajadores públicos recibieron su último sueldo el 28 de diciembre. En un país donde muchos viven cheque a cheque, y donde de media los afectados cobran 500 dólares por semana, están enfrentando serios apuros para hacer frente a gastos básicos, desde comida o alquileres o hipotecas, educación o sanidad. Los que tienen ahorros tiran de ellos, aunque tocar los planes de pensiones está penalizado. Más de 1.800 han lanzado en internet campañas buscando donaciones, otros venden pertenencias, los hay que buscan o desempeñan trabajos alternativos y se ha disparado la asistencia a comedores benéficos.

Los problemas más mucho más allá de los apuros para los funcionarios. La Agencia de Alimentos ha dejado de hacer sus inspecciones. La de Protección Ambiental ha suspendido los trabajos de sus contratistas. Las actividades de monitorización e investigación de cambio climático están suspendidas, como muchas de la NASA. No se han repartido los fondos asignados para las artes. La falta de trabajadores limita los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pone en cuestión fusiones, adquisiciones y posibles nuevas salidas a bolsa. Y en los aeropuertos del país más y más trabajadores de la Agencia de Seguridad en el Transporte llaman diciendo estar enfermos. El de Miami cierra una terminal. En el de Atlanta, el más transitado del país, y que dentro de dos semanas debería acoger la Superbowl, se alargan las esperas...

Quizá no casualmente la Administración de Trump ha dado pasos para limitar los efectos en áreas que podrían tener el mayor impacto electoral para el presidente. Ha reforzado, por ejemplo, el personal en Hacienda, que en los próximos días debe empezar a tramitar las devoluciones de impuestos y ha realizado algunas extensiones de plazos para ayudas a granjeros, afectados por la guerra comercial que ha abierto con China.

La paradoja de la posición de Trump, no obstante, es evidente. Se escuda en la seguridad fronteriza para no dar su brazo a torcer pero los agentes de fronteras y de la Guardia Costera están entre los afectados y también el Departamento de Justicia, donde se han pospuesto decenas de miles casos de inmigración y asilo. El cierre, además, está dando un golpe a la economía, que Trump vende como su punto fuerte. Según estimaciones de la propia Casa Blanca cada semana supone un recorte del 0.1% en la previsión de crecimiento económico.