29 oct 2020

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CRISIS MIGRATORIA

Los alcaldes italianos, en pie de guerra contra Salvini por el trato a los inmigrantes

Los ediles de importantes ciudades de Italia se niegan a aplicar la recién aprobada ley de seguridad

Rossend Domènech

Inmigrantes hacen cola en el puerto italiano de Augusta.

Inmigrantes hacen cola en el puerto italiano de Augusta. / ANTONIO PARRINELLO (REUTERS)

El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, ha decidido no aplicar en su territorio la parte del decreto de seguridad, aprobado en diciembre por el Parlamento, que impide registrar como residentes a los inmigrantes que esperan la resolución sobre su petición de asilo. Si no están registrados, los inmigrantes no pueden beneficiarse de la asistencia sanitaria pública ni otros servicios que ofrecen los municipios. Se han adherido a la medida el alcalde de Nápoles, el de Bari, algunos alcaldes líderes de centroderecha, el presidente de la región Lazio (Roma) y la Asociación Nacional de Alcaldes.

"Que trabajen, en lugar de desobedecer a la leyes", ha resplicado el ministro del Interior, Matteo Salvini, que ha añadido: "Responderán legalmente de ello". El decreto suscrito por Salvini, además, amplía también el derecho a la legítima defensa, lo que comporta un aumento de los permisos de armas.

"Se trata de una medida deshumana y que induce al crímen", ha explicado el alcalde de Palermo al comentar la medida ya implementada en su localidad. El edil asegura que no puede ser cómplice de "una evidente violación de los derechos humanos, previstos por la Constitución, frente a personas que están legalmente presentes en el territorio nacional".

Orlando ha dado orden al regisro civil de no poner en práctica la nueva normativa por el momento. Ha obtenido la réplica inmediata del ministro. "Con todos los problemas que tiene Palermo, el alcalde de izquierdas piensa en desobedecer la normativa sobre los inmigrados", ha escrito Salvini en las redes sociales.

Primero, los italianos

Acto seguido ha dicho que no enviará al Ejército a Palermo para aplicar la ley. "No ejerceré nunca acciones de fuerza, serán los electores quienes juzguen la actuación de los alcaldes", ha añadido para subrayar que los alcaldes responderán "personalmente, legalmente y civilmente" si no acatan la ley. "Antes tenemos que pensar en los millones de italianos pobres y en el paro, defendiéndoles de los demasiados delitos cometidos por inmigrados clandestinos, después salvaremos el resto del mundo", ha subrayado con sorna el ministro de la ultraderechista La Liga.

Antonio Decaro, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ha recordado que "los alcaldes ya habíamos advertido unánimemente e independientemente de la militancia política y antes de la aprobación del decreto, que la asociación se había expresado negativamente sobre la medida, al considerar que los derechos humanos no son negociables".

La decisión del alcalde de Palermo ha cundido en pocos minutos en toda la península, no solo entre los alcaldes progresistas, sino también independientes y de otros partidos. Luigi De Magistrisalcalde de Nápoles, ha dicho que "no se trata de un acto de desobediencia civil sino de un acto de obediencia constitucional, porque la ley sobre la seguridad contrasta con la Constitución, con los derechos como los de igualdad y asilo, por lo que  no será aplicada en el modo más absoluto".  

"Decreto contra la dignidad"

"Es un decreto contra los derechos humanos y la dignidad de los de las personas", ha subrayado Mimmo Lucano, alcalde de Riace, en el sur, suspendido de sus funciones y exilado del pueblo, por sus políticas de acogida, al margen de otros temas que están siendo investigados. Federico Pizzarotti, alcalde de Parma, en el norte, expulsado del Movimiento 5 Estrellas (los indignados), comparte la decisión de Orlando en Palermo,afirmando que con estas normas "es dificil obtener documentos",  aunque se pregunta cómo hay que actuar para no aplicar una ley.

"Entiendo la fatiga de poner remedio a unas normas confusas, escritas solo por la obsesión de hacer propaganda y que con frecuencia provocan caos, más desconfianza y la inseguridad de todos", ha dicho de su parte Nicola Zingaretti, presidente de la región Lazio (Roma). Zingaretti forma parte de la minoría progresista, cuyo líder, Maurizio Martina, ha lanzado este miércoles la iniciativa de promover un referénsum para derogar la ley.

El artículo 13 del decreto sobre seguridad, ya transformado en ley por el Parlamento, establece que el permiso de residencia otorgado a quien ha pedido asilo político ya constituye un documento de identidad, pero que no será suficiente para incribirse en el registro civil y obtener la residencia.

Por esta razón los municipios no podrán tampoco emitir un DNI a los afectados, ni ofrecerles los servicios del Ayuntamiento, como el acceso a la sanidad pública o a las oficinas de empleo. "Nos dicen que hay que expulsar a las personas en situación irregular pero no indican dónde colocarlos, por lo que en nuestra ciudad no aplicaremos nunca unas normas que son anticonstitucionales", ha dicho Giuseppe Falcomatà, alcalde de Reggio Calabria, en el sur de la bota italiana. "No nos doblegaremos", ha replicado Dario Nardella, alcalde de Florencia. Interior "tiene que reunirse con los alcaldes de Italia", replican desde la asociación de alcaldes. Tras lamentar que el decreto ha descargado sobre los municipios la gestión de los inmigrados irregulares, Marco Alessandrini, alcalde de Pescara, en el este del país, ha remachado que "la cuestión de la seguridad se dirimea través de derechos y deberes".