CRISIS POLÍTICA
El Gobierno de Bélgica, de nuevo en la cuerda floja
El primer ministro, Charles Michel, dice que no se dejará intimidar por las exigencias de los nacionalistas flamencos
Silvia Martinez
Periodista
Silvia Martinez
El futuro del Ejecutivo federal belga, que gobierna en minoría, sigue en el aire. La crisis política desatada por la salida del Gobierno de los nacionalistas flamencos de la N-VA, debido al rechazo del pacto migratorio de la ONU, no se ha cerrado y el liberal francófono Charles Michel podría enfrentarse este martes a una moción de confianza en el Parlamento. Si se confirma el voto y no supera la prueba deberá adelantar las elecciones federales, previstas para el 26 de mayo.
El ministro de Exteriores, Didier Reynders, ha dejado claro que no acudirán a la cámara a pedir el voto de confianza, tal y como reclama la oposición. El Partido Popular, una formación francófona de extrema derecha muy minoritaria que no tiene relación con alguna con el PPE, ha anunciado su intención de presentar una moción para terminar con lo que llaman pequeños juegos políticos. “Hemos apoyado al Gobierno anterior en múltiples ocasiones, cuando la N-VA estaba abordo y actuaba como un salvaguarda. Ahora que han salido, el equilibrio se ha roto. No hay nadie que representar a la derecha y defender la seguridad y la identidad de los ciudadanos”, han justificado.
A expesas de la oposición
Todo dependerá, por tanto, de cómo responda la oposición, incluida la N-VA, que según la prensa belga ha puesto cuatro condiciones para no forzar el adelanto electoral: un compromiso a revisar la Constitución en la próxima legislatura para abrir la vía hacia el confederalismo, aprobación del presupuesto del 2019 tal cual se ha negociado, respetar el pacto laboral que incluye una regresividad en el subsidio del paro y la abstención en el voto del pacto migratorio en Nueva York esta semana. Michel ya ha dicho alto y claro que no se dejará "intimidar por el chantaje de la N-VA,” en relación al presupuesto, que debe votarse antes del jueves, y ha avisado de que las condiciones “son inaceptables”.
El anuncio se produce horas después de la manifestación convocada en Bruselas por los jóvenes del ultraderechista Vlaams Belang contra el pacto migratorio del que han renegado gobiernos como Hungría o Austria. El acto, al que acudieron entre 5.000 y 6.000 manifestantes flamencos de extrema derecha que pidieron la dimisión del primer ministro, concluyó con duros enfrentamientos con la policía y destrozos en el barrio europeo.
Bruselas critica la violencia
“El derecho a exponer las opiniones políticas es sacrosanto pero no a costa de la dignidad o propiedad de otros. La violencia y el vandalismo no tienen lugar en nuestra sociedad”, ha avisado este lunes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, una de las instituciones atacadas el domingo por los manifestantes congratulándose de que no pudieran arrancar de cuajo el mástil con la bandera europea del lugar en el que ondea.
A juicio de la Comisión Europea, lo que toca hacer ante ataques como este es luchar contra la desinformación con información. “No es legalmente vinculante. No crea un derecho a la inmigración ni anima a la inmigración ilegal”, ha zanjado, negando los eslóganes que airean quienes se oponen a él como la N-VA que conoce bien la debilidad del Ejecutivo minoritario belga y parece dispuesta a aprovecharla.
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