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Bruselas aguanta la respiración e insiste: no hay plan B

Las instituciones europeas se mantienen a la expectativa ante la crucial decisión del Tribunal de la UE de este lunes y el voto en Westminster del martes

Las banderas británicas y de la UE

Las banderas británicas y de la UE / periodico

Silvia Martinez

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El mutismo en Bruselas ante el trascendental voto de este martes en el Parlamento británico es absoluto y el mensaje de los dirigentes europeos no ha variado ni un milímetro. El acuerdo de divorcio cerrado entre la Unión Europea y el Reino Unido, tras 17 meses de complicadas negociaciones y que incluye un Tratado de salida y una declaración política que fija los contornos de la futura relación, es “el único y el mejor posible”. No hay plan B y en Londres tienen que asumir de una vez por todas “su responsabilidad” ante el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016.

“Si no hay acuerdo de salida no habrá transición ni la base de confianza que necesitamos para la futura relación”, avisaba este pasado jueves el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, durante un debate con autoridades locales y regionales europeas celebrado en Bruselas. Algunos de ellos representantes británicos que apelaron a su ayuda para frenar el divorcio. “No puedo tomar parte salvo para decir que el acuerdo que está sobre la mesa es, desde nuestro punto de vista, el único y el mejor posible para organizar una salida ordenada”, les respondió Barnier.

El proceso de salida, mientras tanto, sigue quemando etapas. La Comisión Europea ha adoptado esta ultima semana las dos propuestas para que el Consejo de la UE confirme y autorice formalmente la firma el pacto, una vez ratificado en Westminster y en el Parlamento Europeo, cuyo voto se producirá en febrero o marzo del próximo año. Un largo camino por delante todavía que está plagado de riesgos, lo que obliga a las autoridades comunitarias a seguir “en paralelo” trabajando en posibles medidas de contingencia, por si el divorcio se produce a las bravas y sin acuerdo.

Sentencia clave en Luxemburgo

Desde esta semana cobra fuerza otra posibilidad: que el Reino Unido de marcha atrás en su decisión y cancele el divorcio. No es la opción del Gobierno de Theresa May pero el abogado general de Tribunal de Justicia de la UE ha dado munición política a quienes defienden esta opción en un dictamen de opinión publicado esta última semana. A juicio de este letrado, el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, el artículo 50 del Tratado, que regula el proceso de salida y da un plazo de dos años para negociar, que se cumplen el 29 de marzo de 2019, la decisión podría ser revocada de forma unilateral bajo algunas condiciones.

La pregunta la planteó al Tribunal de Justicia de la UE el Alto tribunal escocés hace unos meses, que pidió la tramitación del caso por la vía de urgencia, a raíz de una batería de preguntas de varios diputados 'anti-brexit'. Aunque el dictamen no es vinculante los jueces europeos en pleno harán pública su opinión definitiva este lunes, en vísperas del crucial voto en Londres y a cuatro días de una nueva cumbre europea en Bruselas. Si los jueces mantienen la línea del abogado general estarán echando piedras contra el tejado de la Comisión y del Consejo, que defienden que dar marcha atrás no puede ser unilateral sino que debe requerir el visto bueno unánime de los Veintisiete para evitar que un país pueda utilizar a su antojo la negociación. Si la corte decide que Londres (o cualquier otro país) puede parar el reloj unilateralmente estará dando aire a quienes reclaman un segundo referéndum.

“Si Theresa May pierde el voto el apoyo a un segundo referéndum crecerá. En ese caso habría que ser honestos sobre los tiempos de ese voto: es claramente muy tarde para organizar un referéndum antes del 29 de marzo”, sostiene el exeurodiputado liberal, Andrew Duff, en un análisis para el European Policy Center. “Ocurra lo que ocurra, estoy aliviado de ver que no hay mayoría para un desastroso no acuerdo”, ironizaba el pasado miércoles el jefe de filas de los liberales en la Eurocámara, Guy Verfhostadt, que ya ha dejado claro que si el pacto se estrella el acuerdo en torno a los derechos de los ciudadanos debe mantenerse.