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LA ENCRUCIJADA EUROPEA

Italia vuelve a desafiar a la UE pese a la amenaza de sanciones

Bruselas rechaza de nuevo el plan presupuestario de Roma para el 2019 y activa el procedimiento penalizador por déficit excesivo

El vicepresidente Salvini dice que hace el mismo caso a la carta de aviso de la Comisión que a "la de Papá Noel"

Silvia Martinez / Bruselas

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.  / RONALD ZAK (AP)

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. 
Pierre Moscovici, comisario europeo  de Asuntos Económicos.

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La maquinaria europea para imponer sanciones financieras a Italia ya está en marcha. El camino hacia el castigo es todavía largo, pero a la Comisión Europea no le ha quedado más remedio que dar un golpe contundente en la mesa ante el continuo desafío de Roma, que este miércoles volvio a burlarse de la admonición comunitaria. Hace 15 días anunció la devolución de las cuentas italianas y pidió a la coalición de Gobierno, formada por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, un nuevo presupuesto para el 2019 que, sin embargo, no ha llegado. Consecuencia: la apertura de un procedimiento sancionador por déficit excesivo.

Italia sigue en sus trece a pesar del procedimiento de infracción de la UE. “¿Ha llegado la carta de Bruselas? Pues, esperaremos la carta de Papá Noel”, ha reaccionado irónicamente Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, partido que junto con los indignados del M5S constituye la mayoría del Ejecutivo. “Que nos dejen trabajar, que nosotros no sindicalizamos los presupuestos de los demás países”, ha añadido.

Un riesgo para todos

“Seguimos convencidos de que este presupuesto supone un riesgo para Italia, para sus empresas, sus ahorradores y los contribuyentes. Por tanto, la Comisión Europea va a tomar las medidas y asumir su responsabilidad legal y política en interés de los ciudadanos de Italia y de la zona euro en su conjunto”, ha justificado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de los dictámenes de opinión sobre los presupuestos y el quinto informe sobre la evolución de la deuda de Italia que adopta la Comisión en cuatro años.

El principal problema, señala la Comisión, es la deuda pública que alcanza ya el 131,2% del PIB, lo que equivale a 37.000 euros por habitante, más del doble de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pese a los continuos avisos de Bruselas, las autoridades italianas no solo no han adoptado medidas para ponerle coto sino que han presentado un presupuesto que triplica el objetivo de déficit público empeorando aún más la situación.

Bienestar en la Eurozona

“El paso que damos es la consecuencia lógica e inevitable de la decisión del Gobierno italiano de no modificar el proyecto presupuestario que nos presentaron. Nuestras dudas sobre el crecimiento y las proyecciones de deuda persisten y no hemos recibido respuestas”, se ha quejado Moscovici, al alertar de que el presupuesto no solo supone un riesgo para Italia sino para la eurozona en su conjunto. “Lo que nos jugamos es el bienestar futuro de la población italiana. Tenemos que alertar de los riesgos antes de que sea demasiado tarde”, ha añadido el vicepresidente, Valdis Dombrovskis, que no ve como “perpetuar” la vulnerabilidad de la deuda puede aumentar la soberanía económica reivindicada desde Roma.

El anuncio no ha sorprendido a nadie. Es más, era esperado. La Comisión Europea ya tumbó el presupuesto a finales de octubre en una decisión sin precedentes pero la negativa de Roma a retocar unas cuentas que en la capital comunitaria consideran irrealistas ha llevado a este choque de trenes que todavía tiene por delante un largo recorrido. La primera parada será este sábado durante la cena de trabajo que mantendrán el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Conte, presidente del Consejo de Ministros italiano y mediador entre la Liga y los indignados, ha sido más comedido que Salvini. Ha afirmado que “el Gobierno está convencido de la validez de los presupuestos”, que prevén el 2,4% de déficit para un país con el 131% de deuda acumulada. Ha informado de que “el próximo sábado confrontaremos nuestra posición con la de Jean-Claude Juncker”. Según Conte, “un presidente del Gobierno no se preocupa de la prima de riesgo (sobre los 300 puntos esta semana), porque sería irresponsable, sino que la respuesta consiste en seguir trabajando sobre las reformas, porque hacen bien a Italia y a Europa”. “Dramatizar el disenso hace daño a la UE”, ha subrayado Giovanni Tria, ministro de Economia y Hacienda.

Mensaje de desesperación

“Todo esto me convence cada vez más que esta mayoría no está en condiciones de gobernar el país y que, además la relación entre Liga e indignados ya está desgastada”, ha dicho Silvio Berlusconi, líder de la conservadora Forza Italia, pero que no apoya el Gobierno.

Según Nicola Zingaretti, candidato a futuro secretario del progresista Partido Demócrata (PD), “Italia corre el riesgo de saltar por los aires, con sus ahorrors, cuentas corrientes, servicios esenciales y empresas”. La reacción frente a la UE “no es una señal de fuerza sino un mensaje de desesperación”, ha añadido Maurizio Martina, exsegretario del PD.

Diálogo y sangre fría

En Bruselas insisten en que es necesario diálogo y que hay tiempo para parar el golpe, aunque tiene que ser en Roma. “El compromiso de la Comisión con el diálogo es genuino y siempre será genuino”, ha recordado Moscovici que ha pedido también “sangre fría”. Según los pasos previstos en el procedimiento, con el informe sobre la deuda en la mano ahora serán los ministros del Ecofin los que en un plazo de dos semanas deban adoptar una decisión. Será en la reunión prevista el próximo 3 y 4 de diciembre.

“Si los Estados miembros están de acuerdo con las conclusiones de la Comisión entonces prepararemos el procedimiento y una recomendación nueva a Italia para que corrija su déficit y trayectoria de deuda”, ha explicado el comisario. Si el procedimiento termina en sanciones, en última instancia se podrían imponer multas de hasta el 0,2% del PIB, unos 3.400 millones de euros. Se trata de una posibilidad que nunca hasta ahora se ha utilizado aunque el país que más cerca ha estado fue precisamente España.