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España y Londres se coordinarán sobre Gibraltar en tres comités conjuntos

Londres y Madrid deberán trabajar estrechamente sobre derechos de trabajadores, medio ambiente y cooperación policial y aduanas

Silvia Martinez / Bruselas

Gibraltar, visto desde La Línea.

Gibraltar, visto desde La Línea.

Gibraltar, los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y la factura que aún deberá abonar el Reino Unido a la UE son algunos de los asuntos recogidos en el acuerdo suscrito. El documento también fija los límites al periodo de transición que se abrirá el 29 de marzo, tras hacerce efectivo el 'brexit'. El periodo de transición será de 21 meses, hasta el 31 de diciembre del 2020, para que ciudadanos, empresas y administraciones se adapten a la nueva realidad  pero podría prolongarse si Londres y Bruselas se ponen de acuerdo pero una sola vez . Durante esta fase, Londres no tendrá voz ni voto en las decisiones del Consejo, ni representación en la Eurocámara pero tendrá que seguir pagando al presupuesto de la UE, cumpliendo con sus reglas y acatando las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.

Gibraltar

En las 585 páginas que ocupa el acuerdo de divorcio negociado entre Londres y Bruselas la palabra Gibraltar aparece mencionada 30 veces. El grueso está en un protocolo de ocho páginas y seis artículos que aparca las desavenencias entorno a la soberanía del Peñón y que establece las bases de la cooperación administrativa que ambos territorios deberán mantener en asuntos como los derechos de los ciudadanos, la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente, la pesca, la cooperación policial y aduanera.

Según el protocolo, España y el Reino Unido deberán crear tres comités de coordinación conjuntos. El primero en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, como foro de debate regular para supervisar todas las cuestiones relacionadas con el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores fronterizos, que residen en Gibraltar o en los pueblos del Campo de Gibraltar y con un intercambio de información trimestral. El segundo comité coordinador, al que podrán asistir representantes europeos, será para abordar todas las disputas en materia de gestión de residuos, calidad del aire, pesca o cooperación científica. Y el tercero, sobre cooperación policial y aduanas. Todos ellos deberán informar a un comité especial encargado de supervisar la aplicación del protocolo y los posibles problemas que puedan surgir.

En los dos asuntos más espinosos, la fiscalidad y el estatus del aeropuerto los avances no son muchos. El protocolo señala que Londres y Madrid deberán establecer "formas de cooperación" para lograr "una transparencia total" en materia fiscal y proteger sus respectivos intereses financieros mediante un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude, el tráfico y el blanqueo de dinero y resolver las disputas sobre residencia tributaria.  En cuanto al uso del aeropuerto, el protocolo establece que la legislación europea no se aplicará al Peñón antes del 30 de marzo de 2019 y que solo comenzará a aplicarse una vez que España y Reino Unido comuniquen que han alcanzado "un acuerdo satisfactorio".

Al protocolo, de carácter vinculante y válido solo durante el período transitorio del brexit, le acompañarán varios memorándums que deben estar cerrados este mes de noviembre todavía no han sido publicados- y que desarrollan en detalle los capítulos mencionados.

Derechos de los ciudadanos

El acuerdo garantiza que los más de 3 millones de ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que lo hacen en algún país de la UE y que hayan llegado antes del final del período de transición tendrán los mismos derechos y obligaciones que hasta ahora y podrán "vivir, trabajar y estudiar", lo mismo que sus familiares (parejas, abuelos, hijos, nietos y personas con las que tengan una relación duradera) e incluso los hijos nacidos con posterioridad al 29 de marzo de 2019. El pacto les garantiza el acceso a sanidad, pensiones y otras prestaciones sociales y prevé un trámite sencillo y proporcionado para obtener el estatus de asentado.

Factura y gobernanza

El acuerdo recoge el compromiso del Reino Unido de cumplir con sus obligaciones con el presupuesto europeo y abonar lo prometido al presupuesto 2014-2020, incluidos los pagos correspondientes al período transitorio una vez se produzca el divorcio. El texto no da cifras pero sí recoge un método de cálculo. Las estimaciones publicadas hasta ahora cifran entorno a los 45.000 millones de euros el dinero que Londres tendrá que abonar. En caso de prolongar el período de transició,n Londres y Bruselas tendrán que negociar el cálculo de la contribución británica . El acuerdo también prevé que el Tribunal de Justicia de la UE siga siendo garante durante el período transitorio aunque crea un panel de arbitraje para resolver posibles conflictos. 

Evitar la frontera dura en Irlanda

Garantizar que, bajo ninguna circunstancia, habrá una frontera física que ponga en peligro el Acuerdo de Paz de Viernes Santo ha sido el gran escollo. El objetivo es resolver el problema en el marco del acuerdo comercial que Londres y Bruselas comenzarán a negociar formalmente el 30 de marzo de 2019. Por si esta opción fallara, el acuerdo contiene una red de seguridad que garantiza que si el 1 de julio de 2020 no hay pacto comercial habrá que elegir entre dos posibilidades: o bien extender el período de transición del brexit –del 29 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2020- una vez o bien aplicar la red de seguridad.

En este último caso todo el Reino Unido permanederá permanecer en la unión aduanera con acceso libre de aranceles, cuotas y controles para sus productos pero obligado a tragar una dura píldora: cumplir con las reglas europeas en materia de ayudas públicas, competencia, fiscalidad, medio ambiente y protección social. Quedan excluidos de esta protección los productos pesqueros y agrícolas, algo que se negociará en el marco del futuro acuerdo comercial lo mismo que el acceso a aguas británicas para los buques europeos. En este último escenario, Irlanda del norte tendría que aplicar las reglas del código aduanero europeo y tendrá que alinear sus reglas a las de Bruselas en materia de mercancías, producción agrícola y controles sanitarios y fitosanitarios.