El Gobierno italiano avanza en el endurecimiento de su política migratoria

Gonzalo Sánchez

El Gobierno de Italia avanzó hoy en el endurecimiento de su política migratoria con la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que, entre otras cosas, dificulta las condiciones para los solicitantes de asilo y amplía la posibilidad de revocar su protección.

El proyecto, que pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación final, pasó en el Senado con un voto de confianza, al que se recurre frecuentemente en Italia para evitar las enmiendas, y recibió 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones.

Entre estas, las de cinco senadores del antisistema Movimiento 5 Estrellas, que gobierna en coalición con la ultraderechista Liga, que anunciaron su contrariedad a esta polémica norma, por lo que su partido ha iniciado trámites para llamarles al orden.

La medida, muy criticada por las asociaciones humanitarias, prevé que "en caso de peligro social" el inmigrante sea expulsado del país.

Se establece que cuando el solicitante es juzgado por lo penal por un delito que pudiera derivar en el rechazo del asilo y es considerado con "peligrosidad social", se le podrá negar la protección aunque no esté condenado en vía definitiva.

Introduce que a los inmigrantes condenados definitivamente por terrorismo o subversión se les retire la ciudadanía italiana, así como la prohibición de entrada en el país a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros Estados de la zona Schengen.

Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la supresión del permiso de residencia por motivos humanitarios, hasta ahora una de las razones del asilo, y se sustituirá por un permiso temporal solo para casos como urgencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o méritos en suelo italiano.

La oposición, sobre todo los senadores del Partido Demócrata (centroizquierda), ha denunciado que esta norma podría convertir en "clandestinos" a miles de inmigrantes actualmente en regla.

También extenderá el uso de pistolas eléctricas a los guardias urbanos, incluye restricciones en el alquiler de furgones para evitar atentados como los de Niza, Londres o Berlín.

Este proyecto de ley es una de las banderas del ministro del Interior, Matteo Salvini, autor de una política de freno de la inmigración irregular, que consideró la aprobación en el Senado como "una jornada histórica", en un mensaje en sus redes sociales.

Su alegría fue doble este miércoles, pues mientras en el Senado se aprobaba este polémico proyecto de ley, Salvini presentaba en el Ministerio del Interior un recorte en el sistema y la red de centros de acogida para solicitantes de asilo en Italia.

"Hemos puesto orden en un tema que necesitaba ser ordenado desde hace diez años (...). Ponemos reglas, seriedad, transparencia y uniformidad en un fenómeno, el de la acogida, que se había convertido en un negocio descontrolado", opinó en rueda de prensa.

El conjunto de reglas revisa los fondos destinados a mantener a los inmigrantes que permanecen en uno de los 9.000 centros a la espera de su repatriación o de que se tramite su solicitud de asilo.

Una red que a menudo ha sido criticada pues algunas empresas, a veces vinculadas al crimen organizado, se hacían cargo de la gestión de estos espacios después de ganar concursos públicos, obteniendo dinero del Estado y prestando después servicios precarios.

La jefa del Departamento de Inmigración del Ministerio, Gerarda Pantalone, aseguró que "nada" se quitará a los solicitantes de asilo, que contarán con asistencia legal, sanitaria y de mediación cultural y lingüística, comida, lavandería y algún dinero diario.

De lo que se trata, explicó, es de adaptar los costes a cada caso y cada centro: por ejemplo, los inmigrantes no contarán con la ayuda reservada a su integración e inserción en el país, pues esta será para quienes efectivamente obtengan el estatus de refugiado.

Los precios de referencia de los concursos públicos para hacerse cargo de la gestión de centros caerán: en la actualidad se paga 35 euros por cabeza al día, y ahora la cifra será de 19 euros en el caso de inmigrantes que vivan en centros grandes y de 26 en los pequeños.