Fujimori debe volver a la cárcel y su familia denuncia persecución

La decisión de una sala de la Corte Suprema de anular el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió Alberto Fujimori, de 80 años de edad, ha provocado un esperado revuelo político en Perú donde, como suele suceder, la sociedad volvió a expresar simpartías y rechazos por la figura del ex autócrata (1990-2000).  Los hermanos Keiko y Kenji Fujimori visitaron por separado a su padre, para recordarle a los peruanos que siguen enfrentados como en un culebrón televisivo. En lo único que parecen coincidir por estas horas es en la decisión de apelar el dictamen que lo sacó de la cárcel la pasadas vísperas de Navidad, cuando cumplía una condena de 25 años El exautócrata se encuentra en una clínica limeña donde fue internado antes de que la policía pueda cumplir con la orden de captura dispouesta por el juez Hugo Núñez Julcaque que debe devolverlo a la prisión.

La figura de “el Chino” divide claramente a los peruanos. Casi una mitad de ellos tiene buenos recuerdos de su gestión, marcada por la derrota de la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso y la corrupción estructural que no excluía ciertos beneficios a los sectores sociales más postergados. Keiko no se demoró en decir ante los medios de comunicación de que los Fujimori vivían un “día muy triste” y que enfrentaban “sin duda una persecución” que iba más allá de su familia y llegaba hasta Fuerza Popular, el partido que lidera y es fuerza mayoritaria en el Congreso. “Es doloroso saber que un juez en nuestro país le ha quitado la libertad de mi padre señalando que porque no está moribundo”.

SE IMPUSO LA JUSTICIA

Para el diario La República, el indulto presidencial que benefició en su momento a Fujimori fue “estrictamente político”. En cambio,  la reversión de esa medida dictada por Pedro Pablo Kuczynski “ha seguido un camino distinto”, el de la revisión jurídica. Recordó en ese sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido en junio pasado una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006) que llevaron a Fujimori detrás de las rejas. En tanto, Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las personas asesinadas en esos episodios, a principios de la década del noventa, saludó el paso dado por la justicia. “Lo esperábamos. La corte ya había anulado la ley de amnistía de 1995 (que entonces benefició a los represores involucrados en estas causas). No veíamos problema en que anularan un decreto supremo”.

KUCZYNSKI SE DEFIENDE

“No me arrepiento de haber indultado a Fujimori. Quizás debí esperar a que llegara el Papa, pero tampoco quería cargarle un tema de política interna”, dijo Kuczynski, quien dimitió meses atrás antes de ser destituido en medio de un caso de corrupción. El juez Núñez Julca se tomó 225 páginas para demostrar que ese beneficio “carece de efectos jurídicos”.  Miguel Pérez, el abogado del ex autócraya reconoció que su cliente recibió con consternación la noticia de que sus días en una casa muy cómoda de una urbanización limeña se terminan.